El presidente Gustavo Petro anunció el llamado a consultas del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, tras la decisión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de tomar medidas frente al jefe de misión diplomática de ese país en Bogotá.
A través
de su cuenta oficial en la red X, el mandatario indicó que el embajador regresa
al país con el fin de informar sobre el desarrollo de la agenda bilateral.
Petro reiteró los siete ejes que, según su Gobierno, componen la propuesta
colombiana para el relacionamiento con Estados Unidos: transición energética,
protección de la Amazonía, tratado migratorio con enfoque en derechos humanos,
descarbonización de la economía, cooperación contra el narcotráfico, reforma al
sistema financiero internacional y búsqueda de salidas políticas a conflictos
en América Latina y el Caribe.
De forma
paralela, un grupo de 30 congresistas colombianos solicitó al Comité de Ética
de la Cámara de Representantes de EE. UU. una investigación sobre los
representantes Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, por
sus declaraciones públicas sobre el Gobierno colombiano, las cuales consideran
podrían constituir actos de injerencia.
Funcionarios
del Ejecutivo han emitido pronunciamientos en respaldo a la decisión
presidencial, haciendo énfasis en la necesidad de preservar el respeto entre
Estados y de proteger la soberanía nacional. Entre ellos, miembros del gabinete
y directivos de entidades públicas expresaron su desacuerdo con las
declaraciones de algunos congresistas estadounidenses, argumentando que deben
ajustarse a los canales diplomáticos establecidos.
El
llamado a consultas ha sido interpretado en distintos sectores como un gesto
diplomático orientado a recalibrar el diálogo bilateral y subrayar los
principios de no injerencia y cooperación entre Estados.
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