La ciudad de Ipiales enfrenta una crisis institucional y humanitaria tras la deportación masiva de ciudadanos colombianos que estaban privados de la libertad en cárceles de varias ciudades del Ecuador. La medida, adoptada de forma sorpresiva y unilateral por el gobierno ecuatoriano, tomó por completo fuera de base a las autoridades colombianas, especialmente a las locales y departamentales, que no tenían previsto este escenario en sus planes de contingencia.
El pasado viernes, el alcalde de Ipiales llegó al Puente Internacional de Rumichaca al enterarse de la situación, que lo sorprendió tanto como a las demás autoridades. Aunque no tenía información previa ni claridad sobre el impacto inmediato, desde su despacho se activaron alertas y se articuló una respuesta junto a la Gobernación de Nariño.
A medida que avanzaba la jornada, en horas de la tarde, comenzaron a conocerse más detalles del operativo de deportación. En menos de 48 horas ya han sido deportados más de 600 colombianos, lo que generó alarma en todos los niveles institucionales. Las autoridades locales se vieron forzadas a activar de forma improvisada los protocolos legales colombianos para la recepción de connacionales en estas condiciones.
En la noche, muchos de los deportados quedaron en libertad al pisar suelo colombiano, una vez sus antecedentes fueron verificados. El problema se agravó porque la mayoría no portaba ningún documento de identificación, lo que generó complicaciones migratorias adicionales y afectó el control institucional.
Desde la Alcaldía de Ipiales se emitieron alertas de seguridad, salud pública y atención humanitaria, en articulación con la Gobernación de Nariño. Con apoyo de varias instituciones, se estableció un protocolo de traslado terrestre para enviar a estas personas hacia sus lugares de destino.
El rechazo del Gobierno colombiano no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la Cancillería expresó su protesta diplomática ante Ecuador y dejó en evidencia el malestar del país por este gesto inamistoso.
Hoy, en Ipiales crece el miedo y la incertidumbre. Se espera el arribo de al menos 400 deportados más, lo que podría agravar una situación ya crítica. Si estas personas permanecen en la ciudad, podrían aumentar los niveles de inseguridad, dado que muchos no tienen forma de sustento, vivienda ni redes de apoyo. Se teme que terminen engrosando las cifras de indigencia, pobreza y, en el peor de los casos, delincuencia.
Es urgente que el Gobierno Nacional asuma esta crisis con la seriedad que merece. No se trata solo de una acción diplomática, sino de garantizar los derechos humanos, la seguridad ciudadana y el orden institucional en una frontera ya marcada por el abandono histórico.
