Comienza la tregua de cuatro días entre Israel y Hamás en Gaza

 La tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entró en vigor este viernes por la mañana y debe llevar a la liberación de 13 rehenes por la tarde, en los primeros signos de distensión tras semanas de guerra.

Catar, mediador clave junto a Egipto y Estados Unidos, consiguió el miércoles un acuerdo para una tregua de cuatro días prolongable y el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel.

La entrada en vigor del pacto estaba prevista inicialmente para el jueves, pero fue retrasada al viernes a las 07H00 locales (05H00 GMT), anunció Catar. Sobre las 16H00 está prevista la liberación de 13 mujeres y niños retenidos en Gaza.

Al amanecer, miles de personas que habían huido a zonas cercanas a la frontera hacia Egipto se preparaban para volver a sus casas, reuniendo sus pertenencias en bolsas de plástico y cajas de cartón.

Entre ellos, Omar Jibrin, un joven de 16 años, que minutos después del inicio de la tregua salió de un hospital del sur del territorio donde se habían refugiado él y ocho familiares.

En el cielo, los aviones israelíes habían cesado los bombardeos, pero lanzaban octavillas de advertencia: "La guerra no ha terminado (...) Volver al norte está prohibido y es muy peligroso".

En el sur de Israel, quince minutos después del inicio de la tregua, las sirenas de alerta antiaérea se activaron en varias localidades cercanas a la frontera con Gaza, dijo el ejército sin dar más detalles.
Hamás anunció "un paro completo de las actividades militares" por cuatro días, durante el que 50 rehenes serán liberados. Por cada uno de ellos, "tres presos palestinos" serán excarcelados, indicó.

El viernes temprano, una fuente de seguridad egipcia dijo a la AFP que una delegación de seguridad de su país estará en Jerusalén y Ramala para garantizar el "respeto de la lista" de presos palestinos liberados.

Responsables de seguridad israelíes, acompañados de personal de Cruz Roja y agentes egipcios, se desplegarán en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah para recibir a los rehenes liberados en Gaza, añadió.

Una fuente dentro de Hamás dijo a la AFP que la entrega de estos rehenes se llevará a cabo "en secreto, lejos de la prensa".

Maayan Zin supo el jueves que sus dos hijas no formaban parte de los rehenes que serán liberados el viernes. "Es increíblemente difícil para mí", dijo en la red social X, aunque se mostró "aliviada por las otras familias".

Israel difundió una lista de 300 palestinos (33 mujeres y 267 menores de 19 años) que pueden ser excarcelados. Entre ellos hay 49 miembros de Hamás.

La comunidad internacional celebró el acuerdo y confía en que sea un primer paso hacia un alto el fuego duradero. Pero el gobierno y el ejército israelíes dijeron que "continuarán" los combates para "eliminar" a Hamás una vez culmine la tregua.

"No detenemos la guerra. Continuaremos hasta la victoria", afirmó el jefe del Estado Mayor de Israel, el general Herzi Halevi. Además, "tomar el control del norte de la Franja de Gaza es la primera etapa de una larga guerra y nos preparamos para las siguientes fases", dijo el portavoz del ejército Daniel Hagari.

El embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour, declaró que la tregua "no puede ser solamente una pausa" y pidió usar este respiro para impedir la reanudación de los combates en Gaza. La guerra estalló con el ataque de los milicianos de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, de una magnitud y una violencia inéditas desde la creación del Estado hebreo.

Según sus autoridades, 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la Franja de Gaza. Israel lanzó una ofensiva contra Gaza, con bombardeos constantes y una operación terrestre desde el 27 de octubre, que han causado la muerte de 14.854 personas, entre ellos 6.150 niños, según el gobierno controlado por Hamás.

Bombardeos antes de la tregua 
Las hostilidades persistieron hasta el último momento. Dos horas antes del inicio de la tregua, un responsable del gobierno de Hamás dijo a la AFP que soldados israelíes "realizaron un asalto al Hospital Indonesio" en Gaza, donde hay unos 200 pacientes.

En la víspera, un médico palestino dijo que al menos 27 personas murieron y 93 resultaron heridas en un bombardeo el jueves sobre una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabaliya. En el sur hubo bombardeos en la zona de Jan Yunis, donde Israel dijo haber abatido a un comandante local de Hamás.

​​​​​Los bombardeos devastaron el territorio palestino y han desplazado a 1,7 de sus 2,4 millones de habitantes, según la ONU, que denuncia una grave crisis humanitaria. La población se encuentra sometida desde el 9 de octubre a un "asedio total" por parte de Israel, que ha cortado los suministros de comida, agua, electricidad o medicinas.

La tregua debe permitir la entrada de "un mayor número de convoyes humanitarios y de ayuda, incluido combustible", según Catar. Pero un grupo de oenegés internacionales aseguraron que será "insuficiente" para llevar la ayuda necesaria y reclamaron un verdadero alto el fuego.

Por Radio Nacional

Artíc

Condenan a un exagente del DAS por la tortura contra la periodista Claudia Duque

 Rivera Rodríguez era parte del Grupo de Inteligencia G3, desde donde se organizó toda clase de intimidaciones agresivas hacia de la periodista, quien entonces investigaba el crimen contra Jaime Garzón.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a doce años y medio de cárcel a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, tras declararlo uno de los responsables de la tortura que la periodista Claudia Julieta Duque Orrego sufrió entre 2001 y 2004, por parte de varios agentes del DAS, a causa de su labor.

Al confirmar que la tortura padecida por Claudia es un delito de lesa humanidad, el Tribunal encontró que Rivera, en su calidad de entonces agente del DAS, es penalmente responsable como coautor. En concreto, los hechos endilgados al exfuncionario se remontan a marzo de 2003 y continuaron hasta diciembre de 2004.

Rivera Rodríguez era parte del Grupo de Inteligencia G3, desde donde se organizó toda clase de intimidaciones agresivas en contra de Claudia Julieta, quien entonces investigaba el crimen contra el humorista y también periodista Jaime Garzón. Como resultado, fue perfilada, perseguida y psicológicamente torturada.

En primera instancia, en mayo, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá había absuelto a Rivera. Sin embargo, tras apelar la decisión, el Tribunal consideró que hay suficientes elementos para llevar al exagente a un centro carcelario. Por eso, incluso, ordenó su captura.

"Ronal Harbey Rivera rodríguez actualmente está prófugo de la justicia", publicó la periodista en su cuenta de X. "El 20 de noviembre fue condenado a 150 meses de prisión por tortura en mi caso. SE BUSCA", escribió Claudia, quien anotó que se trata de un funcionario activo de Migración Colombia.

El Tribunal adujo que la información aportada por Rivera al Grupo de Asuntos Especiales y al Grupo de Inteligencia G3 provocó la persecución de Claudia Julieta Duque, quien resultó señalada falsamente por ser auspiciadora del terrorismo. El hostigamiento fue tan grande que tuvo que exiliarse dos veces.

"A diferencia del juzgado, el tribunal no tiene duda alguna sobre la responsabilidad penal del acusado", se lee en el fallo de 68 páginas. "Existen pruebas de cargo consistentes y coherentes que merecen credibilidad y que satisfacen con holgura el estándar probatorio requerido para la condena", expresó el ente judicial.

El DAS había creado grupos internos para perseguir oenegés y periodistas. Hubo planes de desprestigios, amenazas, chantajes y varias operaciones con las que se presentaba a las personas perfiladas como objetivos que debían neutralizarse. Entre esos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, del que Claudia era investigadora.

Claudia, como periodista y como parte del Colectivo, investigaba las circunstancias en las que fue asesinado Jaime Garzón. La labor del grupo, incluso, llegó en 2021 a la condena de 26 años de cárcel contra el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, cinco años después de que la justicia declaró la responsabilidad del Estado en el magnicidio.

Cuando las denuncias de Claudia Duque, de Reinaldo Villalba y del Colectivo estaban teniendo repercusiones, fueron perfilados. Claudia, en específico, fue torturada psicológicamente por agentes del DAS por haber señalado al Departamento por participar en el crimen de Garzón "y entorpecer la investigación de este".

"Los actos específicos de tortura continuada que la víctima narró fueron planeados y ejecutados por directores, subdirectores y agentes del DAS o con su connivencia, empleando recursos públicos, situación que obligó a Claudia Julieta a exiliarse del país en dos oportunidades y le generó secuelas en su integridad psíquica", planteó la Sala Penal.

El fallo da cuenta de al menos doce documentos con los que el DAS ordenó, coordinó y ejecutó un conjunto tétrico de acciones encaminadas a intimidar a Claudia. Por ejemplo, un memorando exclusivo del DAS del 17 de noviembre de 2004 da la instrucción de llamarla para amenazarla.

"Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? (Esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere. Eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa", se lee en el documento.

Las amenazas se intensificaron desde 2001. En julio de ese año, la secuestraron en un taxi y los captores le hicieron saber que eso le pasaba "por desenterrar a los muertos" y por su amistad con Alirio Uribe, entonces director del Colectivo de Abogados. Claudia identificó a un taxi que merodeaba por su casa, y ese vehículo, de placas SHH348, era de la Dirección de Inteligencia del DAS, como se comprobó durante el proceso.

En septiembre de 2001, luego de los hostigamientos, Claudia se exilió por primera vez. Regresó al país en agosto de 2002, y un año después hizo un reportaje sobre Garzón, su muerte y las irregularidades en la investigación. El trabajo, transmitido en Noticias Uno, le valió un Premio Simón Bolívar en 2004.

En agosto de 2003, luego de la transmisión del reportaje, la tortura continuó. Recibió una llamada en la que le dijeron que su hija "no llegaría del colegio" y que "se había ganado un regalo". Tras la llamada, en su casa le dejaron un ramo de flores y un queso podrido.

Los meses siguientes fue víctima de varios seguimientos y llamadas que, incluso, puso de presente ante el cuestionado Jorge Noguera Cotes, entonces cabeza del DAS, quien no hizo nada. "Coincidencialmente, esto sucedió en forma paralela a la fecha en que el juicio por el caso del asesinado de Jaime Garzón estaba finalizando", apuntó el Tribunal.

Todos estos seguimientos continuaron hasta finales de 2004. El 17 de noviembre de ese año recibió una llamada en la que un hombre desconocido la amenazó, según la declaración de Claudia, con estas palabras:

"Ahora que yo ando en carro blindado, no tenía salida distinta que matar a mi hija, que la iban a quemar viva, que iban a esparcir sus dedos por mi casa, que ella iba a saber lo que era sufrir y otra serie de cosas que no recuerdo, como que me metí con el que no era"

"Finalmente, el 18 de diciembre de 2004 recibió otra llamada en la que alguien no identificado le expresó cuando escuchamos tu voz y la de tu hija nos dan ganas de cogerlas", narra la sentencia. Como consecuencia, Claudia Julieta se exilió del país en una segunda ocasión.

El Tribunal concluyó que Ronald Harbey Rivera Rodríguez, habiendo integrado varias unidades del DAS, aportó la información necesaria para que Claudia Julieta fuese torturada. Sus tareas no fueron solo de escritorio, sino que "incluían seguimiento a fuentes, es decir, trabajo de campo".

"Puestas, así las cosas, la sala encuentra que estos hechos convergen en la responsabilidad penal de Ronal Harbey: él integró la organización criminal existente en la Dirección General del DAS, pues desde su llegada en marzo de 2003 prestó su experticia para hacer seguimiento ilegítimo y obtener información de ONG y entes opositores al Gobierno", anotó el Tribunal.

La sentencia concluyó, al encontrar culpable a Rivera Rodríguez, que "en el 2004 suministró, mediante el GAES, datos relevantes del Colectivo a la Subdirección de Operaciones y, además, en noviembre de ese año, en el GEI-3 hizo seguimientos y analizó la información relacionada con Claudia Julieta".

Por Radio Nacional

Artíc

Dia internacional de eliminación de la violencia contra la mujer

 La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos pospandemia, los conflictos y el cambio climático.

La solución radica en gran parte en respuestas sólidas que inviertan en la prevención.

Sin embargo resulta alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención.

Se precisa más recursos económicos en las organizaciones de mujeres, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para los supervivientes y capacitación para agentes del orden público.

La violencia de género es un coste para todas y todos nosotros.

Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (25 nov-10 dic) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Este año, la campaña 2023 ¡ÚNETE! Invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género. Profundiza en los detalles de la campaña - datos, prevención, inversion- y reivindica con nosotros el eslogan de la campaña: ¡No hay excusa!

Recomendaciones de la Policía Nacional para comprar seguro en Black Friday

 Durante la semana del 20 al 27 de noviembre, los colombianos tendrán disponible la temporada de descuentos del 'Black Friday'.

La Policía Nacional le recomendó a los ciudadanos que van a comprar en este Black Friday revisar bien los dominios de internet donde van a hacer las transacciones de compras que se realicen en este día.

El mayor Camilo Ramírez, jefe del centro cibernético de la Policía Nacional, indicó que está listo el dispositivo para garantizar que no se presente ningún inconveniente en el marco del Black Friday y también le recomendó a la ciudadanía denunciar a través del CAI Virtual.

“Realice las compras a través de páginas web y canales oficiales, para evitar que sea redireccionado a través de una URL o enlace. No compre en aquellos sitios que le generen algún tipo de duda o desconfianza, revise las calificaciones así como la reputación de los comercios y revise también sus comentarios”, afirmó el oficial.

Además, el mayor Ramírez recomendó siempre hacer este tipo de compras en una red no pública y siempre reportar cualquier irregularidad que se pueda presentar con los movimientos de las cuentas bancarias una vez se realice alguna compra.

Siete años del Acuerdo de Paz: avances y retos para la construcción de paz en los territorios

 Muchas son las cifras y las estadísticas que entidades, académicos y críticos del Acuerdo de Paz han informado con relación a la implementación de dicho acuerdo tras siete años de su firma.

Desde los territorios, miradas diversas dan fe de sus avances en medio de las dificultades, resaltando los cambios significativos en sus comunidades y la importancia de apostarle a su desarrollo. 

Aunque este acuerdo recoge los consensos de las y los firmantes de paz y las comunidades, desde la llegada del Gobierno Petro al poder, y tras el seguimiento a lo implementado hasta la fecha, se destaca la voluntad de avance en tres puntos como ejes principales: la tierra como objetivo principal de transformación, el enfoque de ampliación democrática para los firmantes de paz y la reparación efectiva de las víctimas en el marco del conflicto armado. 

La Tierra como objetivo principal de transformación social

Una de las consignas más importantes en el Acuerdo de Paz es la creación de condiciones que permitan el bienestar y el buen vivir para la población con el fin de erradicar las brechas de desigualdad. A su vez, para el Gobierno actual, integrar el desarrollo rural y el acceso a la tierra han sido una prioridad; así lo evidencia el artículo “Alertas a la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno Petro: informe multipartidista, Balance de la implementación del Acuerdo de Paz a casi siete años de la firma y tras un año de Gustavo Petro en el poder” de la Fundación Ideas para la paz, pues según las estadísticas que revela este documento, la mayoría de recursos durante la ejecución de este gobierno se han invertido en la restitución y recuperación de tierras y el acelerador de su formalización entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Teniendo en cuenta que ingresaron 108.476 ha al Fondo de Tierras, de las cuales el Gobierno ha entregado 2.699 (13,7%), beneficiando a 1.275 familias (30% campesinas y 70% de comunidades étnicas).

En las regiones, la implementación de este primer punto del Acuerdo de Paz, ha tenido un avance, teniendo en cuenta el cumplimiento de la entrega de tierras en propiedad en varias regiones del país. Es el caso de la zona céntrica, en donde se resalta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien expidió la primera sentencia de restitución de tierras para comunidades indígenas en el departamento del Tolima, la cual beneficiará a por lo menos 230 personas que conforman 76 familias de la comunidad indígena La Sortija.

Con respecto a los avances en materia de tierras en la región occidental y sur del país, el informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para el Valle del Cauca, detalla que se han restituido 10.576 hectáreas y se han beneficiado 2.275 personas en el departamento. También benefició a comunidades indígenas y afro con 65.558 hectáreas restituidas, favoreciendo a 7.882 personas.

Del mismo modo, Luis Darley Cuesta, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento del Chocó, informó sobre el trabajo que se ha adelantado desde abril del 2023, cuando la organización empezó a tener presencia en el territorio. Hasta el momento, han formalizado la propiedad de tierras para comunidades que llevaban esperando más de dos décadas, en particular, los consejos comunitarios de Santo Domingo y La Soledad en Río Quito han visto la formalización de 1,914 hectáreas a través de títulos colectivos. En materia de formalización, a la fecha de hoy han entregado 11 títulos, que representan 11 familias en el departamento del Chocó representando 40 hectáreas. Antes de finalizar el año 2023 se tiene previsto entregar 56 títulos, concentrándose estos títulos en el Carmen de Atrato, Ungía, Acandí, Nuquí, Uradó y Bahía Solano. 

Ampliación democrática para las y los Firmantes de paz

En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, que son actores fundamentales en el camino hacia la reconciliación y el fortalecimiento económico de los territorios, gracias al trabajo articulado entre las víctimas, sociedad civil, los firmantes y el acompañamiento de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han surgido una serie de iniciativas como proyectos productivos y cooperativas que actualmente están siendo un foco transformador y dinamizador de la economía.

Según la Fundación Ideas para la Paz, el  82,5% de los firmantes del Acuerdo cuentan con un proyecto productivo desembolsado, pero solo el 3,5% de las familias tiene los recursos correspondientes a proyectos productivos de ciclo corto ejecutados y solo una familia tiene la totalidad de recursos correspondientes a un proyecto productivo de ciclo largo.

Entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización y los firmantes, los departamentos en donde más se avanza en la creación de políticas de seguridad y participación política, se encuentra el Valle del Cauca, con un total de 497 personas reincorporadas, destacado por el instituto KROC como positivo para prevenir violencia contra los firmantes, muestra de ello que de la tasa nacional de 33%, seguido de Guaviare, departamento que sobresale al contar con Mesas Municipales de Reincorporación como plataformas de incidencia política para los firmantes.  

Como referente también se encuentra Norte de Santander, departamento en donde el ARN realiza acompañamiento a diez formas asociativas que vincula 217 firmantes de paz y 76 personas de comunidad; cuatro son asociaciones y seis cooperativas, están ubicadas en los municipios de Tibú (zona urbana y AETC Caño Indio), El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención y Cúcuta. Estas formas asociativas fortalecen los proyectos productivos, colectivos, individuales y autogestionados. 

En Antioquia, 1321 personas se encuentran en proceso de reincorporación, lo que lo convierte en el departamento con mayor número de firmantes involucrados en esta etapa de transición. A la fecha, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, 1.311 excombatientes de Farc avanzan en su reincorporación en el departamento, de los cuales 26% son mujeres. De igual forma, indicó que 320 de ellos se encuentran en Medellín y el Área Metropolitana, lo que constituye también un gran reto para la implementación como lo es la reincorporación urbana. Actualmente, existen 4 AETCR distribuidos así: Llano Grande, Dabeiba, Carrizal en Remedios, Román Ruiz en Mutatá, Las Mercedes en Ituango y La Plancha en Anorí.

Reparación efectiva de las víctimas en el marco del conflicto armado 

La indemnización a las víctimas sigue avanzando, pues según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, a junio de 2023, 1.357.328 personas habían sido indemnizadas, lo que representa el 17,9% de las víctimas sujetas de atención. Entre julio y agosto de 2023, el gobierno hizo un esfuerzo por acelerar la entrega de indemnizaciones, beneficiando a cerca de 40.000 víctimas. A junio de 2023, 1.357.328 víctimas han sido indemnizadas. Esto representa el 17,9% de personas sujetas de atención.

Las entidades creadas en el marco del Acuerdo continúan desarrollando avances en materia de reparación colectiva, teniendo en cuenta cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a mayo de 2023 había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda y determinado un universo preliminar de 103.955* personas dadas por desaparecidas. Al respecto, a mayo de 2023 se recuperaron  811 cuerpos, que se suman a 289 recuperados por otras entidades. En el ámbito legal, la JEP adelanta investigaciones de macro casos que favorecen la reparación efectiva de las víctimas,

Por su parte, la UBPD resalta el trabajo realizado en Antioquia, teniendo en cuenta que el 23% de las desapariciones en el país: 24.748 personas; en este departamento, hay 7 Planes Regionales de Búsqueda (PRB): Oriente antioqueño, Centro de Antioquia, Eje Bananero, Sur de Urabá, Bajo Atrato, Norte de Urabá, y Darién Chocoano. La UBPD ha tomado más de 400 muestras de ADN. Más de 70 cuerpos recuperados en cementerios y a campo abierto (más 38 cuerpos no identificados a finales de noviembre en el cementerio de Cocorná). Es decir, a inicios de diciembre se habrán recuperado más de 100 cuerpos. La UBPD destaca tres (3) reencuentros de personas encontradas con vida y once (11) entregas dignas de cuerpos a sus familias. 

Por la implementación de la partición social de víctimas y campesinos se ha logrado el desarrollo del Plan Integral de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual, que inició en el Valle y ahora se implementa a nivel nacional, además de ser partícipes en la apertura del macro caso 11 con la participación de la organización Águilas de Florida. En el caso del campesinado se adelanta satisfactoriamente el desarrollo de la política pública agroecológica, que beneficiará los procesos agrícolas de víctimas y campesinos. Sumado a los avances, se encuentra que, según el Registro Único de Víctimas, con corte a 30 de septiembre del 2023, las víctimas en el departamento suman 640.577, de los cuales se han realizado 81.026 giros, lo que suma $626.559 millones, aunque se considera que ha sido mediano el aporte ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los que un día sufrieron del conflicto.

Por Radio Nacional

Artículos

Fiscalía citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez por masacre

 Esta diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso.

La Fiscalía General de la Nación citó el próximo lunes 27 de noviembre a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte de la indagación que se sigue por la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997 y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.

Esta diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, tras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diera a conocer las audiencias reservadas en las que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al entonces gobernador de Antioquia con el conocimiento de la masacre de El Aro, ocurrida en Ituango.

Mancuso aseguró que los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, le encargaron organizar y coordinar la operación de El Aro a pedido del secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno.

En esta masacre, 150 paramilitares quemaron 42 casas, robaron miles de cabezas de ganado, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de ser guerrilleros.

Mientras que en el caso del defensor Valle Jaramillo, quien había alertado a las autoridades sobre la escalada de la violencia paramilitar en Antioquia, Mancuso aseguró que el expresidente Uribe estaba vinculado a este crimen.

“Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno (…) Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutará esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento”.

---

Cuatro meses después de la masacre de El Aro, Valle fue asesinado en su oficina del centro de Medellín a mano de tres sicarios que le dispararon en la cabeza.

“Con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”, concluyó el ente acusador.

Por Radio Nacional

Artíc