En la costa pacífica de Nariño, el municipio de Tumaco se ha convertido en punto estratégico para enfrentar uno de los flagelos que más golpea a la economía legal del departamento: el contrabando.
El pasado comité departamental realizado en esta ciudad —el primero de 2025— dejó en evidencia que la lucha contra el comercio ilegal de licores, cigarrillos y cervezas ya no es solo una tarea de decomisos, sino una estrategia más amplia, basada en coordinación, pedagogía y presencia institucional.
¿Qué se acordó en Tumaco?
Durante la jornada, liderada por la Secretaría de Hacienda de Nariño y su Subsecretaría de Rentas, se definieron tres líneas de acción concretas:
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Operativos conjuntos trimestrales en zonas clave: muelles, establecimientos, vías y saltaderos.
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Capacitación a policías, militares y autoridades locales para mejorar la identificación de productos ilegales.
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Alianza entre más de 11 entidades públicas y privadas para fortalecer la campaña de legalidad.
Además, se realizó una práctica de campo para enseñar a funcionarios y comerciantes cómo reconocer productos adulterados o de contrabando, con el fin de mejorar los controles en puntos críticos.
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La voz del comercio
Uno de los aportes más significativos lo hizo Paulo Emilio Zuluaga, empresario local, quien pidió a las autoridades acercarse más al comerciante legal:
“Capacitar es clave. Actuar desde la legalidad protege vidas y fortalece la economía local.”
¿Y ahora qué sigue?
Según David Cortés Sarralde, subsecretario de Rentas, se intensificará la vigilancia en los municipios costeros, con apoyo de la Armada Nacional y los Guardacostas, para controlar las rutas de entrada de productos ilegales por mar.
El comité cerró con la construcción de una agenda común de trabajo, que buscará mejorar los procedimientos, el cruce de información y el seguimiento a los procesos judiciales relacionados con el contrabando.
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Un reto que trasciende Tumaco
Aunque Tumaco fue el epicentro del encuentro, los efectos del contrabando se sienten en toda la región. La evasión fiscal, el ingreso de productos adulterados y el debilitamiento del comercio legal son problemas que requieren no solo operativos, sino también una cultura de legalidad.
El mensaje que deja este primer comité es claro: el control no es solo tarea de la policía o la DIAN. Se necesita articulación, conciencia ciudadana y, sobre todo, voluntad política para cerrarles el paso a las economías ilegales que amenazan la salud y el desarrollo de Nariño.
