Descubre en este video todo lo que ofrecemos: 45 modernas habitaciones, gastronomía de autor, café de especialidad, cocteles, spa, salones para eventos y una ubicación estratégica cerca de todo lo que necesitas.
Carrera 14 No. 19-16 – Ipiales, Nariño
311 2328676El próximo lunes 28 de julio, en Pasto, se realizará el foro “Cómo construir formalización desde el diálogo y el conocimiento mutuo”, organizado por la Gobernación de Nariño y el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM).
El evento reunirá a autoridades, organizaciones sociales y comunidades mineras para construir una visión compartida del desarrollo minero, basada en la legalidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.
Durante la jornada se firmará un Memorando de Entendimiento (MOU) entre ambas entidades, que permitirá avanzar en la consolidación de la institucionalidad minera, la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), y la construcción de una política pública con enfoque territorial.
Participarán el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, la directora del GDIAM, Claudia Jiménez Jaramillo, y delegados del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, alcaldes, personeros y representantes comunitarios.
Al cierre, se ofrecerá una rueda de prensa donde se presentarán los alcances de esta alianza y los retos del sector en el departamento.
En la Casa de Nariño se desarrolló una jornada de trabajo entre la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República y representantes de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización internacional con sede en París. El diálogo giró en torno a la situación actual de la libertad de prensa en Colombia, la desinformación, la concentración de medios y las condiciones laborales del gremio periodístico.
Por parte de RSF asistieron Thibaut Bruttin, director general; Artur Romeu, director para América Latina; Laetitia Chesseron, responsable de la red internacional; Bertrand Mossiat, gerente de la Iniciativa para la Confianza en el Periodismo, y Fabiola León, investigadora para Colombia. En representación del gobierno nacional participaron Augusto Cubides, secretario de Comunicaciones; Fernando Millán, subsecretario, y Hubert Ariza, asesor.
Thibaut Bruttin reconoció avances en materia de seguridad para la prensa, pero expresó inquietud por la polarización informativa, la desinformación en redes sociales y la concentración privada de medios. Reiteró la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso a información veraz y protejan a los periodistas en ejercicio.
Augusto Cubides destacó el compromiso del presidente Gustavo Petro con la libertad de prensa. Recordó la directiva presidencial de septiembre de 2024, firmada junto al relator especial de la CIDH, que obliga a los funcionarios públicos a respetar el trabajo periodístico, una medida sin precedentes en América Latina.
Cubides también señaló que la reforma laboral impulsada por el Gobierno incluye garantías específicas para el gremio, como el respeto de la jornada laboral, el pago de horas extra y recargos nocturnos, derechos frecuentemente vulnerados en el sector.
Fernando Millán subrayó la preocupación por los bajos estándares laborales del gremio, reflejados en informes recientes de la FLIP, así como por la transgresión de principios éticos en algunos medios tradicionales.
Durante el encuentro se insistió en la importancia de los medios públicos como garantes del derecho ciudadano a la información. Ambas partes acordaron mantener canales de diálogo para avanzar en propuestas que dignifiquen el oficio y fortalezcan la democracia a través de un periodismo plural, transparente y libre.
“Hoy rendimos cuentas con transparencia, fortalecemos la confianza y restituimos dignidad”, declaró Escobar, quien reiteró su llamado al Gobierno Nacional a consolidar un marco jurídico que garantice la sostenibilidad de la paz territorial. “Sin garantías legales ni corresponsabilidad del Estado, los avances pueden diluirse. Nariño necesita reglas claras para sostener este modelo de paz que nace en los territorios”, enfatizó.
Durante la jornada se expusieron más de 80 proyectos estratégicos para los 10 municipios costeros, enfocados en infraestructura vial, acceso a agua potable, salud, educación y reactivación productiva. Las obras buscan transformar realidades históricamente marcadas por el abandono estatal.
Para Francisco Valencia, presidente de la Asamblea Departamental, este tipo de ejercicios son fundamentales: “La gente de la costa merece saber de primera mano lo que se ha hecho. La paz debe verse, sentirse y vivirse”.
Desde la visión de la diputada Isabel Rodríguez Guevara: “Que la gestión pública se discuta en el territorio es una señal clara de voluntad política. Aquí se respira tranquilidad, resultado de una paz construida desde abajo, con las comunidades como protagonistas”.
Javier Segura, alcalde de Roberto Payán, destacó el carácter transformador de este trabajo articulado: “El Pacífico hoy se siente en el corazón del Gobierno Departamental. Estamos viendo obras y proyectos que se soñaban hace décadas”.
Por su parte, Jefferson Segura, representante del Consejo Comunitario Los Amigos, señaló: “Nunca antes habíamos sido incluidos así. Que el Gobernador y la Asamblea estén aquí, escuchando y dialogando, nos da confianza. Esto debe continuar”.
La audiencia dejó una conclusión clara: la paz se construye escuchando, reconociendo y actuando desde el territorio. Tumaco, epicentro de esta jornada, encarna hoy un pacto renovado entre instituciones y comunidades.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, promueve la ejecución de obras públicas a través de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal (JAC), fortaleciendo el liderazgo local y el sentido de pertenencia en las comunidades.
Actualmente, 170 JAC participan en el programa, tras un proceso de convocatoria pública y evaluación técnica. En esta fase se contempla la intervención de 26 kilómetros de vías, priorizando sectores con dificultades de movilidad y acceso a servicios. Las obras incluyen soluciones como placa huella, cinta huella y adoquinamiento, según las condiciones del terreno.
Según la Gobernación, el 17,6 % de los convenios ya están firmados y en ejecución, y durante la jornada se compartirán experiencias locales que muestran el impacto positivo de la estrategia en distintas veredas y barrios del departamento.
Huellas para la Paz se plantea como un modelo de gestión pública basado en la participación comunitaria, con enfoque en desarrollo local, acceso digno a la infraestructura básica y fortalecimiento de la gobernanza desde las bases sociales.
La inversión en este ciclo supera los 324.000 millones de pesos, recursos que serán entregados por el Banco Agrario, a través de cuentas bancarias o giros, según las condiciones de cada hogar beneficiario.
Aunque en este ciclo no se verificarán corresponsabilidades, las familias que no cumplieron con los compromisos en el periodo anterior pero se pusieron al día, sí recibirán el incentivo económico correspondiente.
La articulación entre ambos programas busca optimizar el uso de los recursos públicos, mejorar la identificación de beneficiarios, ampliar la cobertura de la política social y garantizar una entrega más oportuna y complementaria de las transferencias a los hogares más vulnerables.
La Línea de Cuidado de Renta Ciudadana está orientada especialmente a hogares en pobreza extrema, priorizando aquellos con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Además de las transferencias monetarias, el programa contempla corresponsabilidades orientadas a fortalecer capacidades familiares e individuales, con acciones en salud, educación, inclusión productiva, medio ambiente y participación social.
Prosperidad Social recordó que los pagos serán realizados únicamente a través de los canales oficiales del Banco Agrario, e invitó a la ciudadanía a consultar fechas, puntos y condiciones en el sitio web www.prosperidadsocial.gov.co o a través de sus redes sociales oficiales.
Tumaco, Nariño. Mientras el país aún intenta cerrar las heridas del conflicto armado, en territorios como el Pacífico colombiano la reconstrucción avanza a ritmo propio: con manos campesinas, con emprendimientos nacidos de la necesidad y la esperanza. En ese contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impulsa la estrategia Marcas de Paz, un programa orientado a apoyar la formalización de marcas en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
Productos como el viche artesanal, jabones ecológicos, mermeladas, vinos y cosméticos elaborados con frutas y plantas endémicas, representan más que simples bienes comerciales: son signos de identidad, cultura y supervivencia. A través de jornadas de capacitación y asesoría legal, la SIC busca que estos emprendimientos accedan al registro marcario con una tarifa preferencial que reduce el costo en un 93%.
Durante el primer semestre de 2025, la entidad ha desplegado esta estrategia en Tumaco y otras zonas del litoral Pacífico, como Quibdó, Istmina y Bojayá, beneficiando a al menos 120 personas vinculadas a procesos de reincorporación o reparación en el marco del Acuerdo de Paz. Desde su creación, 1.128 emprendedores han accedido al acompañamiento de la SIC.
“La marca nos protege, nos diferencia y nos da seguridad jurídica para competir en el mercado”, explicó Denis Romaña, emprendedora tumaqueña, al cierre de una de las jornadas de formación en su municipio.
Sin embargo, el esfuerzo no está exento de críticas. Aunque Marcas de Paz ofrece una vía para la formalización empresarial, no todos los emprendedores en zonas de conflicto tienen acceso real a las capacitaciones o a la conectividad necesaria para adelantar sus trámites, lo que pone sobre la mesa la necesidad de acciones más estructurales y descentralizadas, que no se queden en cifras ni en gestos simbólicos.
La estrategia cuenta con el respaldo de entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas (UARIV), el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del sello Colombia Destinos de Paz.
Marcas de Paz no es la solución al abandono estatal que han sufrido estos territorios por décadas, pero sí es un paso modesto pero necesario hacia el reconocimiento legal de quienes, a pesar de la guerra, insisten en construir país desde la orilla del olvido.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló presuntos malos manejos administrativos y financieros en la Nueva EPS que compro...
