Un documento emitido por la Contraloría expuso la situación actual de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en la nación, señalando diversas irregularidades.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló el panorama de las EPS en el país, las cuales no cuentan con reservas suficientes, tienen gastos sin justificación y otras irregularidades que terminan impactando el sistema de salud.
Por ejemplo, aunque las EPS debían crear reservas técnicas por 15 billones de pesos, solo se tienen por 4,9 billones de pesos, situación que alertó al contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, quien explicó que “estos recursos les permite al sistema amortizar y tener recursos con que, digamos, atender todas esas contingencias y los recursos (…) las EPS deben constituir esta reserva para que no estén ni desfinanciadas y puedan, de alguna manera, resolver esa demanda que el propio sistema le genera con la atención a los pacientes o a los usuarios que tienen afiliados”.
Pero además de esta situación, Zuluaga aseguró que hay otras irregularidades en las EPS, “como en el caso de la Nueva EPS, que en el año 2022 giró 1.5 billones de pesos más de lo soportado o establecido por la Contraloría, en términos de que no existe suficiente información ni contable, ni contrato, ni cuentas por pagar, para justificar esos desembolsos adicionales de 1.5 billones de pesos, solo en la vigencia 2022”, dijo.
De hecho, otra EPS que está bajo la lupa de la Contraloría es Famisanar, la cual “contrató por encima de lo que la ley le permite a su propia red. En el año 2022 superó el 14% en la contratación y en el año 2023 el 14.5%, lo que significa que superó el tope máximo del 30% que la ley le permite de contratar con su propia red”.
Como si toda esta situación no fuera alarmante, algunas EPS no han entregado información sobre su situación actual, “hemos dado instrucciones para que el Contralor Delegado para el Sector de Salud de manera inmediata, el día de hoy, inicie procesos administrativos sancionatorios para aquellas EPS que no han suministrado la información sin justificación en los tiempos que la Contraloría ha establecido”, aclaró Zuluaga.
Otro punto que destacó el contralor general es que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha girado un promedio de 64 billones de pesos colombianos a corte del 31 de octubre de 2023 y que en este momento tiene una deuda por pagar de 13 billones de pesos colombianos correspondientes a los últimos dos meses del año relacionados con la UPC.
“Lo que significa que el modelo actual hoy vigente, jurídicamente establecido entre el gobierno y las EPS, el gobierno se encuentra al día con el pago de la UPC. Por lo tanto, no existe ninguna justificación para que vuelva a existir incertidumbre sobre la continuidad en la prestación del servicio de salud para todos los colombianos”, concluyó el Contralor.
Por otra parte, el ente de control también destacó que en los últimos cinco años, los usuarios de algunas EPS han mostrado su inconformidad constantemente por la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
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