Ejército y Policía destruyen laboratorio para procesar cocaína en zona rural de Córdoba, Nariño

En una operación conjunta desarrollada en zona rural del municipio de Córdoba (Nariño), el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron halladas cerca de dos toneladas del estupefaciente, además de insumos y equipos utilizados para su producción. Las autoridades señalaron que la infraestructura tendría capacidad para producir hasta cuatro toneladas mensuales de cocaína y que la afectación a las economías ilícitas superaría los 8.000 millones de pesos. Asimismo, indicaron que el laboratorio presuntamente pertenecería al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Comandos de Frontera

La justicia entra en escena: 12 entidades deberán responder por la crisis del agua en Ipiales

El Tribunal Administrativo de Nariño requirió este 27 de julio a CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales, EMPOOBANDO, los ministerios de Vivienda y Ambiente, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Instituto Departamental de Salud, la Personería y demás entidades vinculadas para que, en un término de 48 horas, informen qué acciones han ejecutado para cumplir la sentencia emitida dentro de la Acción Popular que busca solucionar la crisis del agua en Ipiales.

La decisión tiene origen en la sentencia del 22 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal ordenó más de veinte medidas para recuperar las cuencas de los ríos Blanco y Chiquito, mejorar la planta de tratamiento, optimizar la red de distribución, construir nueva infraestructura, proteger las fuentes hídricas y garantizar un servicio continuo y de calidad. Posteriormente, el 24 de julio de 2026, los demandantes solicitaron iniciar un incidente de desacato al considerar que las órdenes judiciales no se han cumplido. Con el auto expedido este 27 de julio, el Tribunal no declara aún el desacato, pero sí exige explicaciones formales y advierte que, si las entidades no demuestran avances o no responden al requerimiento, podrá abrir el incidente e imponer las sanciones contempladas en la Ley 472 de 1998. Para la comunidad, esta actuación representa un nuevo control judicial sobre las instituciones responsables de resolver una crisis que afecta desde hace varios años el suministro y la calidad del agua potable en Ipiales. A continuación puede consultar el auto completo expedido por el Tribunal Administrativo de Nariño, incorporado para facilitar la verificación directa de la información presentada en esta nota.

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