Incautan en Ipiales 118 frascos de ketamina ocultos en un bus

 

Durante un operativo de control en un parqueadero del municipio de Ipiales, las autoridades incautaron 118 frascos de ketamina, una sustancia controlada presuntamente destinada al procesamiento de narcóticos. En el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo donde se halló el cargamento.

La acción fue realizada por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Nariño, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, como parte de las labores de inspección y verificación en esta zona fronteriza.

Los frascos fueron encontrados al interior de dos cajas ubicadas en los asientos delanteros de un bus, que se encontraba estacionado en un parqueadero del casco urbano. Según las autoridades, el material incautado representa un riesgo por su uso ilícito en la fabricación de drogas sintéticas.

El conductor del automotor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, señalado por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de estupefacientes.

La Policía informó que continuará reforzando los controles en puntos estratégicos de la ciudad, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades delictivas a través de la línea de emergencia 123.

Comunicado 104 - La JEP sanciona a director de la Escuela de Logística del Ejército, Jorge Emerson Melgarejo, por desacatar medida cautelar en predio donde se investigan posibles inhumaciones de personas desaparecidas

▪️ El teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, director de la Escuela de Logística del Ejército, fue sancionado con tres días de arresto y multa de diez salarios mínimos por permitir una intervención no autorizada en el predio. El arresto deberá cumplirse en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.

▪️ La JEP ordenó compulsar copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen si el coronel Juan Gabriel Toro y personal militar incurrieron en conductas punibles o disciplinarias por una jornada de arborización realizada en el terreno protegido. 

▪️ La Jurisdicción desvinculó al exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y al comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gelvez Peña, tras no encontrar responsabilidad en los hechos. 

▪️ Se rechazó de plano la solicitud del 14 de mayo de 2025 formulada por el procurador delegado ante la JEP, en la cual solicitaban vincular al estudio del incidente de desacato a un sargento viceprimero y dos soldados profesionales.

▪️ En septiembre de 2024, la JEP adoptó una medida cautelar para proteger los predios donde operan la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional, ubicados en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La decisión se tomó tras una solicitud presentada por organizaciones de víctimas y ante el señalamiento de un compareciente ante la JEP sobre la posible existencia de sitios de inhumación. 

▪️ La “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares del desaparecido”, quienes llevan más de tres décadas en su búsqueda. “La zozobra que permanece frente a la desaparición forzada se incrementó ante la posibilidad de que la tecnología actual y las técnicas forenses no permitan establecer si en el sitio alterado se encontraba el cuerpo”, advierte la magistratura.

Bogotá, 12 de julio de 2025. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decidió sancionar al teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, director de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras encontrarlo responsable de desacatar una medida cautelar vigente adoptada para proteger los terrenos de esa unidad militar en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, donde se presume la existencia de sitios de inhumación de personas desaparecidas. 

El incidente de desacato se resolvió en el marco de la medida adoptada en septiembre de 2024, a solicitud del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y los señalamientos de un compareciente ante la JEP. Esta medida fue ordenada para proteger posibles sitios de inhumación relacionados con la desaparición forzada de una víctima cuyo nombre se reserva por razones de seguridad. La decisión judicial tiene como propósito garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de sus familiares.

Pese a las órdenes emitidas para proteger el predio de esta unidad militar, el 3 de febrero de 2025 el equipo de expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP encontró una excavación no autorizada en uno de los sitios de interés definidos por la Jurisdicción, lo que motivó la apertura del incidente de desacato. En el proceso investigativo, la JEP concluyó que el alto oficial no adoptó las medidas necesarias para garantizar la preservación del terreno objeto de la medida cautelar. 

Asimismo, a través del Auto AI- 036 de 2025,  la magistratura ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que determinen si el coronel Juan Gabriel Toro y otros miembros del Ejército bajo su mando incurrieron en conductas punibles o disciplinarias al participar en una jornada de arborización realizada los días 11 de octubre y 7 de noviembre de 2024 dentro del área protegida por la medida cautelar en los terrenos de la Escuela de Logística del Ejército Nacional.

“Por tal razón, la sección advierte que el desacato a la medida cautelar ocurrió debido a una negligencia en la implementación de mecanismos de vigilancia y control eficaces sobre los predios objeto de la cautela judicial y cuyo responsable inmediato era el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, que fue vinculado a la actuación como encargado del cumplimiento de la medida y que está llamado a responder en el desacato del presente asunto a título de culpa”, advierte la magistratura. 

El incumplimiento de la medida cautelar es un hecho grave y aunque el teniente coronel Melgarejo no obró con dolo, su responsabilidad es a título de culpa porque pese a que dicha situación era previsible no adoptó las acciones necesarias y pertinentes para impedirlo.

Según se evidenció, la excavación fue ordenada por un suboficial bajo el mando del teniente coronel Melgarejo Escobar, quien alegó desconocimiento de las restricciones, pese a que la medida cautelar ya había sido comunicada y socializada. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad consideró que esta actuación refleja falta de diligencia, negligencia y desatención a una decisión judicial que ordenó que “se abstengan de realizar movimientos de tierra, construcciones u otras intervenciones que alteren el terreno en el área delimitada, sin autorización previa de esta Jurisdicción”.

La magistratura, además, advirtió que la “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares del desaparecido”, quienes llevan más de tres décadas en su búsqueda. “Esto porque la zozobra que permanece frente a la desaparición forzada se incrementó ante la posibilidad de que la tecnología actual y las técnicas forenses no permitan establecer si en el sitio alterado se encontraba el cuerpo”, advierte la decisión. 

Como parte de la decisión, la sección también resolvió desvincular al exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y al comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gelvez Peña, al no encontrar evidencia que los comprometiera con los hechos investigados. El primero ya había renunciado al cargo y en la investigación del incidente acreditó acciones institucionales orientadas a acatar lo dispuesto por la JEP; el segundo, demostró haber actuado con diligencia para cumplir la orden judicial.

La Jurisdicción reitera que las medidas cautelares son instrumentos fundamentales para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada, prevenir daños irreparables a la evidencia forense y garantizar los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición. El respeto a las decisiones judiciales de la JEP es un deber constitucional de todas las entidades del Estado, y su incumplimiento tendrá consecuencias legales.

Ejército apoya a comunidades afectadas por emergencia invernal en Nariño

 

Las intensas lluvias que se registran en el departamento de Nariño provocaron un deslizamiento de tierra que dejó incomunicada a la vereda Alisales, en el corregimiento de Monopamba, municipio de Puerres. La emergencia afectó a cerca de 250 habitantes, quienes dependen de esta vía terciaria para su movilidad y abastecimiento.

Ante la situación, personal del Batallón Especial Energético y Vial N.º 20, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, apoyó en las labores de remoción de tierra y material vegetal que obstruían el paso.

Además de las tareas de limpieza, se dispuso de un vehículo militar para facilitar el traslado de pobladores a través del tramo afectado, con el fin de mitigar el impacto de la interrupción vial mientras avanzaban los trabajos de recuperación.

Las autoridades locales continúan monitoreando el estado de las vías rurales en la zona, que se mantienen vulnerables ante la persistencia del invierno. El apoyo de unidades militares ha sido clave para restablecer la conectividad en regiones con limitada infraestructura.

Crónica | Bunbury y el 13 de julio: Cuando el rock no pide permiso

El rock no nació para pedir permiso. Nació para patear puertas, para cuestionar al padre, al Estado y a los dioses. Es una música que arde, una filosofía que raspa la garganta y golpea el pecho. Cada 13 de julio, cuando el calendario recuerda el mítico Live Aid de 1985, no solo se celebra un concierto: se enciende la llama de un género que nunca aceptó que lo llamaran viejo.

Este año, el Día Mundial del Rock se siente distinto. En medio del ruido desechable que consume la industria, la figura de Enrique Bunbury emerge como un faro que no titila. No es casual. En un tiempo donde muchos artistas buscan likes, él sigue buscando sentido.

Bunbury no hace concesiones. Ni cuando rugía junto a Héroes del Silencio en los años noventa, ni ahora, cuando sus canciones exploran los bordes del alma y los márgenes del sistema. No canta para entretener: canta para exorcizar. Es un alquimista sonoro que mezcla rock, poesía, electrónica, bolero y denuncia en un solo trago, siempre amargo y necesario.

En una entrevista reciente dijo: “No quiero hacer canciones bonitas. Quiero hacer canciones verdaderas”. Y eso es precisamente lo que el rock necesita recordar hoy. No se trata de vender estadios ni de figurar en playlists. Se trata de incomodar. De hablar de lo que duele. De no callar cuando todos bajan la cabeza.

Mientras muchos de sus contemporáneos se acomodaron en la nostalgia, Bunbury prefirió seguir caminando por el borde. No teme al silencio, ni al rechazo. Sabe que el verdadero artista es el que no se debe a nadie, salvo a su voz interior.

Este 13 de julio, el homenaje es para él y para todos los que entienden que el rock es una forma de estar en el mundo. No importa si suena en una gran tarima o en los audífonos de un joven encerrado en su cuarto. Lo esencial es que siga latiendo.

Y mientras exista un solo verso escrito con furia, una guitarra que desafine con elegancia o una voz que se niegue a obedecer, el rock no morirá. Porque como dice Bunbury en uno de sus versos más sinceros:
“El tiempo no cura nada si no hay voluntad.”

Policía reporta resultados operativos recientes en Ipiales

 

Ipiales, Nariño. La Policía Nacional entregó un balance sobre las acciones realizadas en el municipio de Ipiales en el marco de su estrategia de seguridad y convivencia ciudadana.

Según la información oficial, se han realizado 350 capturas en lo corrido del año, 290 en flagrancia y 60 por orden judicial. Las detenciones se lograron mediante labores de patrullaje, control e inteligencia.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de 39 vehículos y 117 motocicletas, así como 84 casos de mercancía recuperada. En total, se registraron 410 incautaciones de mercancía en diferentes sectores del municipio.

En cuanto al control de armas, se reportó la incautación de 48 armas de fuego. De acuerdo con la Policía, esto ha contribuido a la reducción de delitos de alto impacto en la zona.

Uno de los indicadores más destacados es la disminución del 40 % en los casos de homicidio en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En un operativo reciente, fueron capturadas cuatro personas señaladas de intentar cometer un hurto en una vivienda. Los detenidos enfrentan cargos por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego, violación de domicilio y falsedad personal. Durante el procedimiento se incautó un revólver calibre .38, munición del mismo calibre, y se recuperaron equipos tecnológicos.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades delictivas a través de los canales habilitados.

Ejército Nacional reporta hallazgo de materiales explosivos en Tumaco

En una operación conjunta entre tropas del Batallón de Selva N.º 53, adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se ubicaron dos depósitos con 117 cilindros de gas propano en la vereda La Espriella, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño. La acción se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Según información oficial, los cilindros, avaluados en más de 104 millones de pesos, habrían sido destinados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Las autoridades atribuyen este material al grupo armado organizado residual Iván Ríos, también conocido como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Se presume que los cilindros serían utilizados en acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

El hallazgo se considera un impacto operativo sobre las capacidades logísticas de dicha organización, al afectar posibles planes de ataque y fuentes de financiamiento ilícito.

Durante la operación, algunos pobladores intentaron interferir en el procedimiento, lo cual fue interpretado por las autoridades como una posible acción coordinada con redes de apoyo a grupos armados. Sin embargo, la intervención concluyó sin enfrentamientos ni afectaciones a la integridad de civiles o uniformados.

Las Fuerzas Armadas reiteraron su intención de continuar con operaciones dirigidas a contrarrestar las actividades de grupos armados ilegales en el suroccidente del país y reforzar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto.

Colombia preside reunión andina en Ipiales mientras la inseguridad fronteriza sigue sin respuesta

 

Ipiales, Nariño. — Bajo la presidencia Pro Tempore de Colombia en el Grupo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo (GANIDF), la Cancillería llevó a cabo en Ipiales un encuentro con delegaciones de Bolivia, Ecuador y Perú, así como con representantes de EUROFRONT y de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

Sin embargo, en medio de crecientes episodios de violencia armada en la línea limítrofe —con ataques recientes atribuidos a grupos que pugnan por el control del corredor Rumichaca—, la agenda se centró exclusivamente en reglamentos y protocolos administrativos:

• Reglamento interno del GANIDF: Se revisó el borrador basado en la Decisión 459 de la CAN, que define el funcionamiento de este grupo, pero no incorporó ningún mecanismo concreto para abordar la crisis de seguridad.

• Modernización de los CEBAF: EUROFRONT presentó avances para agilizar los trámites en los Centros Binacionales de Atención Fronteriza, prometiendo ventanillas únicas y procesos digitales. No obstante, tampoco se propusieron esquemas de vigilancia conjunta ni presencia policial coordinada.

A la cita asistieron, además de la Cancillería, las gobernaciones de Nariño y Putumayo, la Alcaldía de Ipiales, Migración Colombia, congresistas de la región, la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Comercio. Pese a la amplia representación institucional, ni un solo punto de la reunión abordó el alarmante recrudecimiento de homicidios, extorsiones y tráfico ilícito que somete a la población fronteriza a un estado constante de amenaza.

Mientras los diplomáticos debaten papeles y procedimientos, los habitantes de la zona continúan expuestos a la impunidad de bandas armadas. La falta de propuestas de seguridad integral deja en evidencia la desconexión entre las promesas de integración y la urgencia de frenar la violencia que golpea diariamente a las comunidades fronterizas.