Ipiales, Nariño. — Bajo la presidencia Pro Tempore de Colombia en el Grupo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo (GANIDF), la Cancillería llevó a cabo en Ipiales un encuentro con delegaciones de Bolivia, Ecuador y Perú, así como con representantes de EUROFRONT y de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).
Sin embargo, en medio de crecientes episodios de violencia armada en la línea limítrofe —con ataques recientes atribuidos a grupos que pugnan por el control del corredor Rumichaca—, la agenda se centró exclusivamente en reglamentos y protocolos administrativos:
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Reglamento interno del GANIDF: Se revisó el borrador basado en la Decisión 459 de la CAN, que define el funcionamiento de este grupo, pero no incorporó ningún mecanismo concreto para abordar la crisis de seguridad.
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Modernización de los CEBAF: EUROFRONT presentó avances para agilizar los trámites en los Centros Binacionales de Atención Fronteriza, prometiendo ventanillas únicas y procesos digitales. No obstante, tampoco se propusieron esquemas de vigilancia conjunta ni presencia policial coordinada.
A la cita asistieron, además de la Cancillería, las gobernaciones de Nariño y Putumayo, la Alcaldía de Ipiales, Migración Colombia, congresistas de la región, la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Comercio. Pese a la amplia representación institucional, ni un solo punto de la reunión abordó el alarmante recrudecimiento de homicidios, extorsiones y tráfico ilícito que somete a la población fronteriza a un estado constante de amenaza.
Mientras los diplomáticos debaten papeles y procedimientos, los habitantes de la zona continúan expuestos a la impunidad de bandas armadas. La falta de propuestas de seguridad integral deja en evidencia la desconexión entre las promesas de integración y la urgencia de frenar la violencia que golpea diariamente a las comunidades fronterizas.
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