La Superintendencia de Salud hizo nuevos requerimientos ante los incumplimientos de la EPS, que podría terminar en investigaciones y hasta sanciones.
La Superintendencia Nacional de Salud ha enviado un contundente requerimiento a la EPS Sanitas, tras descubrir que persisten graves problemas en la atención a sus usuarios. Este requerimiento se relaciona con la falta de respuesta a 714 reclamaciones presentadas por los afiliados, que involucran obstáculos en la entrega oportuna de medicamentos.
Después de una minuciosa revisión de la respuesta proporcionada por la EPS, la Supersalud ha determinado que solamente el 15% de los casos mencionados en el requerimiento han sido atendidos y resueltos, lo que constituye un claro incumplimiento de las directrices establecidas por el ente de control.
La instrucción impartida por la Supersalud reitera la responsabilidad de Sanitas de garantizar los servicios de salud a sus afiliados. Así, se ha establecido un plazo de 6 horas para que la EPS envíe la documentación que respalde las acciones tomadas para satisfacer las necesidades de los usuarios que presentaron quejas ante la Superintendencia.
El superintendente nacional de salud, Ulahí Beltrán López, ha advertido que continuará actuando como defensor de esta población, que en su mayoría incluye a personas con patologías neurológicas, osteoarticulares, crónicas, huérfanas y de cáncer, entre otras.
Además, la SuperSalud ha emitido un requerimiento específico relacionado con la atención de una paciente que requiere tratamiento contra el cáncer. Beltrán López subrayó la importancia de la vida de los pacientes y solicitó información sobre la programación del servicio prescrito y las razones detrás de los retrasos en la entrega de los servicios recomendados por el médico tratante de esta usuaria.
En las próximas horas, se llevará a cabo una verificación exhaustiva de la documentación proporcionada por la EPS, con el fin de determinar si se siguen incumpliendo las órdenes establecidas, lo que podría dar lugar a investigaciones administrativas con fines sancionatorios, siempre garantizando el debido proceso.
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