La Procuraduría indagó sobre el plan de acción para garantizar la alimentación a personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023.
A menos de 10 días de que venza el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país, la Procuraduría General de la Nación le hizo varias advertencias a la Unidad para Servicios Carcelarios y Penitenciarios (USPEC) sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio.
El Ministerio Público, por ejemplo, indagó a la entidad sobre el plan de acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo 30 de noviembre y sobre el plan de contingencia para garantizar la continuidad de este servicio a los lotes que no alcancé.
Otro de los aspectos de esta licitación que preocupa al ente de control es la contratación de la empresa que realizará la interventoría a este contrato, que supera los 800 mil millones de pesos, pues a escasos 10 días de su adjudicación, no se cuenta con ello.
“Se ha contemplado un presupuesto aproximado de $ 47 mil millones, constituye un factor fundamental dado el alcance y la magnitud de este proceso contractual y la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas privas de la libertad”, explicó el Ministerio Público.
Por último, la Procuraduría resaltó la necesidad de publicar todos los documentos y soportes de este proceso, como el acta de la audiencia de sorteo sobre el orden en que serán evaluados los grupos del proceso de licitación pública.
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