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Regreso a clases

El Ministerio de Educación ha dado las directrices para lo que será el regreso a clases, después de las vacaciones de medio año.

Las orientaciones precisan las condiciones para la prestación del servicio educativo de manera presencial, en aplicación de la Resolución 777 de 2021, con el propósito de lograr el adecuado desarrollo de este proceso, fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.

El documento detalla las orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales (jardines y colegios privados); precisa, además, que todo el personal de docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico retorna de manera completa a la atención presencial de los estudiantes y define otros aspectos asociados a las condiciones de bioseguridad, que en su conjunto permiten concretar lo necesario para que los estudiantes puedan continuar el proceso educativo durante el segundo semestre del año escolar 2021, bajo el esquema de atención presencial, con el cumplimiento del protocolo de bioseguridad definido en la Resolución 777 de 2021.

Así mismo, define el retorno en presencialidad de la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en los sitios dispuestos por la institución educativa para estos efectos y el transporte escolar, con uso obligatorio del tapabocas.

"El regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial está encaminado a garantizar el derecho fundamental a la educación en armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el proyecto de vida de la presente generación. Este proceso, además, cumple con las medidas de bioseguridad que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa", señaló la ministra de Educación, María Victoria Angulo González.

En este aspecto de medidas de bioseguridad para el sector educativo se destaca además que el proceso de vacunación masiva contra el covid-19 de todo el personal que trabaja en las Instituciones Educativas oficiales y privadas inició en la última semana de mayo y continúa avanzando, tanto así que ya se ha iniciado la aplicación de las segundas dosis en varios municipios y departamentos del territorio nacional.

• Conozca la directiva 05 de 2021, con orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.

10 días desde su asesinato

10 días desde  su asesinato. 

Carolina Trujillo fue asesinada en Ipiales mientra realizaba su trabajo como operaria de barrido de la empresa ISERVI a la que estaba vinculada.

Fue encontrada muerta el sábado 12 de junio con signos de violencia sexual. 

Hasta el momento las autoridades han ofrecido 50 millones de obesos a quien suministre información sobre este crimen. 

Presionan a la Santa Sede

“Expertos” de la ONU emitirán comunicado el lunes para desacreditar a la Santa Sede

Por: Andrea Gagliardicci | ACI Prensa

Imagen referencial / Crédito: Unsplash

Con el pretexto de exigir a la Santa Sede que tome todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual, un grupo de “expertos” de la ONU emitirá un comunicado el lunes 21 de junio para obligar al Vaticano y a la Iglesia Católica a entregarse al aborto y la ideología de género.

Dado que la sesión del Consejo de Derechos Humanos está programada para iniciar el 21 de junio, expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales sobre el tema de derechos humanos, publicarán una declaración para instar a la Santa Sede a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual.

El comunicado, que va más allá de las capacidades de los expertos de la ONU, cae en los intentos de socavar la doctrina católica utilizando los escándalos de abuso sexual.

En febrero de 2014, un informe del Comité de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño llegó al punto de preguntar por la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y el derecho canónico. En mayo de 2014, un informe del Comité de la Convención de la ONU contra la Tortura trató de considerar el abuso de niños como tortura para presionar a la Santa Sede a tomar medidas.

En diciembre de 2019, Maud de Boer-Buquicchio, la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños, elogió la decisión del Papa Francisco sobre el levantamiento del secreto pontificio de los procedimientos legales sobre abuso, pero también instó al Vaticano a “hacer cumplir los informes obligatorios para todo el clero y el personal que tenga conocimiento de estos actos atroces”.

Al final, el alcance último de estas declaraciones es obligar a la Santa Sede a cambiar el derecho canónico para adaptarlo a un “protocolo de derechos humanos” que sutilmente respalda o menciona la “perspectiva de género” y los “derechos sexuales y reproductivos” (es decir, presionar por el derecho al aborto).

En el comunicado, que CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– vio de antemano, los “expertos” se refieren a una carta dirigida a la Santa Sede en abril de 2021, donde expresaron “la mayor preocupación por las numerosas denuncias en todo el mundo de abusos sexuales y violencia cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra los niños, y sobre las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a los presuntos abusadores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas”.

Los “expertos” se quejaron de que los concordatos y acuerdos de la Santa Sede con los Estados “limitan la capacidad de la autoridad civil para cuestionar, obligar a la producción de documentos o enjuiciar a personas asociadas con la Iglesia Católica”, y pidieron a las autoridades de la Santa Sede “que se abstuvieran de prácticas obstructivas y cooperar plenamente con las autoridades judiciales y policiales civiles de los países interesados”.

El comunicado también apunta a dos principios católicos. El primero es el secreto de confesión, que impide a los sacerdotes que escuchan una confesión denunciar los delitos a las autoridades civiles.

El 1 de julio de 2019, la Penitenciaría Apostólica emitió una nota para reiterar que el secreto de confesión es inviolable. La nota respondió a los crecientes ataques al secreto de confesión en muchos países, como Australia y Chile.

El segundo principio es el de la soberanía de la Santa Sede. Los “expertos” quieren específicamente que desaparezca la distinción entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que garantiza la protección de la libertad religiosa, de modo que los estados puedan tener plena jurisdicción sobre la Iglesia católica.

La carta da seguimiento al comunicado de Maud de Boer-Buquicchio, ex Relatora Especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños, que será firmado por otros cuatro relatores especiales. Los relatores especiales son parte del sistema de la ONU, trabajan de forma voluntaria y son independientes de cualquier gobierno u organización.

La carta de abril enviada a la Santa Sede enumera varios casos: el informe de la Conferencia Episcopal Alemana de 2018 sobre abusos; la comisión sobre abusos creada por la Conferencia Episcopal Francesa; el tema de las residencias en Canadá que el Papa abordó recientemente al final del Ángelus del 13 de junio; el informe chileno sobre abusos que enumera 344 denuncias; las 12 denuncias de abuso divulgadas por el Arzobispo de Bogotá en Colombia en 2019; el caso del Instituto Provolo en Argentina; y también el caso de los abusos dentro de los Legionarios de Cristo.

La carta también se refiere a la participación de la Santa Sede en la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y la Convención contra la Tortura.

Sin embargo, la solicitud de los expertos va más allá de su capacidad, conocimiento o autoridad. Los expertos no pueden instar a un Estado a adoptar procedimientos o modificar su legislación, ni pueden cuestionar cómo un Estado está poniendo en práctica sus propuestas.

No obstante, entre los expertos consultados por CNA, los expertos de la ONU están empeñados en usar su posición para “darle un pastel en la cara a la Santa Sede” a fin de impulsar cambios doctrinales en la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, debilitar a la Santa Sede como Estado y actor en el ámbito internacional.

JISTICIA ¡YA! EN CASO CAROLINA TRUJILLO

Ipiales, 14 de junio de 2021

Señoras y señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES

ISERVI

CONCEJO MUNICIPAL DE IPIALES

MESA MUNICIPAL DE MUJERES DE IPIALES

COMISARÍA DE FAMILIA IPIALES

SECRETARÍA DE SALUD IPIALES

PERSONERÍA MUNICIPAL DE IPIALES

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL - SEGIS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

ONU MUJERES SECCIONAL NARIÑO

COMITÉ DEPARTAMENTAL (NARIÑO) DE SEGUIMIENTO DE VIOLENCIA SEXUAL 

OBSERVATORIO DE GÉNERO NARIÑO 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POLICÍA NACIONAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNIDAD EN GENERAL 

Referencia: PRONUNCIAMIENTO POR EL FEMINICIDIO DE CAROLINA TRUJILLO

El Tribunal por la Dignidad de las Mujeres de Nariño conformado por: Mesa Departamental de  Mujeres de Nariño, Mesas de Mujeres de los diferentes municipios del Departamento de  Nariño, Red Nacional de Mujeres de Colombia, Fundación Mujeres Empresarias Unidas,  Batucada Sur-Versiva, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Círculo de  Mujeres de Ipiales, Círculo de Mujeres Construyéndote, Mujeres Nariñenses por la Paz, Red  Nacional de mujeres por la paz – Nodo Ipiales, Aquelarre Ipiales, Coordinación Nacional de  Mujeres Indígenas de Colombia, She is control (Palabras de Mujeres), Las Guaguas - Red  Nacional de Mujeres Nodo Ipiales, Colectivo Las Cumbalas, Colectivo Francisca Chapuel, Red 

Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Fundación Integral Huellas, Colectivo  Guanga, Asociación de lideresas del Pacífico Nariñense ASOLIPNAR y Dancing Academia de  Baile, respaldadas en las siguientes leyes:

• Ley 1719 Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004  y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia  sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras  disposiciones.

• Ley 1761 de julio de 2015 que tipifica al feminicidio como un delito autónomo. La ley, conocida  también como Ley Rosa Elvira Cely, explica el feminicidio de la siguiente manera: “causar la  muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”.

• Ley 1257 de 2008 que tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para  todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado,  el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el  acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la  adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

• La cual además, desde El Ministerio del Trabajo promueve su cumplimiento y 

particularmente el decreto reglamentario del sector Trabajo el 4463 de 2011, en ese 

marco normativo promociona los derechos humanos de las mujeres en el mundo del 

trabajo. Y entendiendo que actualmente, se reconocen diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres,  tales como violencia: psicológica, física, sexual, económica y estructural, todas estas que, ejercidas 

de manera constante, llevan al feminicidio…

Manifestamos nuestro rechazo contundente al feminicidio de la señora CAROLINA TRUJILLO, perpetuado el 12 de junio de 2021, mientras estaba cumpliendo con su jornada de trabajo, como  operaria de barrido de la empresa pública ISERVI y que, según dictamen de Medicina Legal, la causa 

de su deceso fue acceso carnal violento y asfixia. Además de esta gravedad, quedan huérfanas sus  tres hijas de 7, 10 y 15 años (quienes ya antes eran huérfanas de padre); para ellas debe primar la protección de nuestra infancia con plan de contingencia de ICBF y/o Comisaría de familia como

garantes del derecho a las menores.

Indigna que este feminicidio ocurrido el 12 de junio de 2021, a la fecha no genera ningún  pronunciamiento por parte de los funcionarios públicos a nivel local: del sector justicia, del sector  protección, del sector salud, del sector de vigilancia y control, de la Alcaldía Municipal, o articulación  con entes departamentales y nacionales en los que la comunidad debería sentirse apoyada y 

protegida por la vocación misma que adquieren cada uno de ellos, de servir, sentir y atender a sus  necesidades, sin clasificarlas, ni diferenciarlas.

No hay declaraciones, ni tan siquiera un comunicado de prensa como si lo hicieron en días pasados  por el fallecimiento de una funcionaria pública, en el mismo día del acontecimiento, lo que nos da a  entender discriminación y trato selectivo, siendo que este feminicidio se dio hacia una funcionaria – operaria – prestadora del servicio a una entidad pública, como lo es ISERVI, quien también es una  persona que merece todo el respeto, el trato digno y la importancia de ser humano; en cambio sí  hubo acción ejemplarizante del manejo que le dio la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del  Cauca al caso de Sally Lucía Tejada, nuestra niña Nariñense de 9 años de edad, en condiciones de desplazamiento del Charco Nariño quien por esa razón, pasó a vivir a Cali con su familia y allí fue  víctima de feminicidio el 9 de junio de 2021, por el cual se ofrecieron 230 millones de recompensa 

para encontrar al culpable, recursos que amparados por la Constitución Nacional de Colombia, salen  del Fondo de Cuenta de Seguridad Ciudadana.

La ausencia y falta de gestión de: Comités de apoyo a la gestión del enfoque de género, como el de  seguimiento a la Ley 1257 de 2008, la Comisión de Género del Concejo Municipal, la Mesa Municipal  de mujeres de Ipiales, la Oficina de Género y la Gestora Social, limitan la planificación y aplicación 

del enfoque de género en la gestión pública y generan desigualdades que se expresan en situaciones  de discriminación, exclusión social y favorecen la continua impunidad en los diferentes casos de  violencias y feminicidios. 

Preocupa sobre manera que casos como el del feminicidio de Gladys Cuaspud ocurrido el 16 de  octubre de 2019 y el de Erica, mujer trans en diciembre 30 de 2020, quedaron impunes, en el primer  caso el feminicida huyó de la ciudad y esta es la fecha que no hay ninguna respuesta de la justicia y 

esa es una de las consecuencias del mal funcionamiento e ineficiencia en la gestión institucional.

Por tales razones, las mujeres de Ipiales y municipios aledaños, sin importar la comunidad a la que  pertenecemos, nos sentimos desamparadas, lo que nos ha obligado a organizarnos en redes de 

mujeres para fortalecer nuestra participación activa y empoderamiento, mediante manifestaciones,  comunicados, plantones, campañas en redes sociales, derechos de petición, para visibilizar nuestras  necesidades y llevarlas a la agenda pública para la garantía de los derechos humanos con enfoque  de género. 

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los actores sociales a construir Gobernanza que es  la comprensión y unión de todos, Estado, empresa, academia y comunidad, promoviendo políticas 

públicas de manera estructural que fomente la igualdad y equidad de género, impactando la  corresponsabilidad de aportar al desarrollo sostenible del país como un esfuerzo para transformar el  colectivo por un bien social para nuestros hijos y familias y “EXIGIMOS JUSTICIA URGENTE POR 

CAROLINA TRUJILLO”

Atentamente,

TRIBUNAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

VIOLACION A PERRITA

Alerta 

#nsi12j 

Violan a perrita en el barrio Gólgota de Ipiales.

Es el segundo caso en el mismo barrio en menos de 2 meses.

Una  perrita fue encontrada con signos visibles de violación esta mañana en el barrio Gólgota. Vecinos del lugar reportaron el hecho  que causa pánico entre sus moradores pues es la segunda vez que sucede en similares circunstancias en el mismo sitio.

La perrita fue rescatada y es sometida a intervención médica pues tiene afectaciones severas a nivel de vulva y ano. 

La Fundación Ángeles de Cuatro Patas se apersona del caso y se pondrá la denuncia respectiva.

Ayudas y donaciones para este caso:

Fundación Ángeles de Cuatro Patas 

Tel. 318 5782151

NIÑO MALTRATADO

POLICÍA NACIONAL RESCATÓ A UN NIÑO AMARRADO AL INTERIOR DE UNA VIVIENDA.

La rápida reacción de la patrulla del cuadrante tres e Infancia y Adolescencia, fue clave para el restablecimiento de los derechos del menor.

En el marco de la estrategia de prevención contra la violencia intrafamiliar, la Policía Metropolitana de Popayan logró el rescate de un niño de cuatro años de edad, quien, de acuerdo a información suministrada por la ciudadanía, se encontraba atado de pies y manos al interior de una vivienda ubicada en la comuna cinco de Popayán.

Según la versión entregada por la patrulla del cuadrante que conoció el caso, cuando se encontraban patrullando por un reconocido sector vial del Barrios Los Sauces, fueron alertados por un ciudadano quien manifestó del maltrato infantil que se estaba presentando con un niño al interior de una vivienda de inquilinos.

Una vez los uniformados proceden a corroborar dicha información, llegan hasta la vivienda descrita por el ciudadano, donde la propietaria de la misma les permite el ingreso y ubican al niño atado de pies, de manos y con signos de maltrato a la altura de su cabeza.

De acuerdo con las investigaciones, el niño fue amarrado al interior de la vivienda por sus padres, mientras estos se dirigían hacia la tienda, porque supuestamente el pequeño era muy inquieto.

De inmediato el menor fue trasladado a un centro médico asistencial para su respectiva valoración, donde uniformados adscritos al Grupo de Infancia y Adolescencia se apersonaron del caso y posteriormente lo entregaron al Instituto de Bienestar Familiar quien asumió la protección para el restablecimiento de sus derechos.

Finalmente, los padres del menor maltratado, quienes serían de nacionalidad extranjera, quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación seccional Popayan, por el delito de violencia intrafamiliar.