Muchas son las cifras y las estadísticas que entidades, académicos y críticos del Acuerdo de Paz han informado con relación a la implementación de dicho acuerdo tras siete años de su firma.
Desde los territorios, miradas diversas dan fe de sus avances en medio de las dificultades, resaltando los cambios significativos en sus comunidades y la importancia de apostarle a su desarrollo.
Aunque este acuerdo recoge los consensos de las y los firmantes de paz y las comunidades, desde la llegada del Gobierno Petro al poder, y tras el seguimiento a lo implementado hasta la fecha, se destaca la voluntad de avance en tres puntos como ejes principales: la tierra como objetivo principal de transformación, el enfoque de ampliación democrática para los firmantes de paz y la reparación efectiva de las víctimas en el marco del conflicto armado.
La Tierra como objetivo principal de transformación social
Una de las consignas más importantes en el Acuerdo de Paz es la creación de condiciones que permitan el bienestar y el buen vivir para la población con el fin de erradicar las brechas de desigualdad. A su vez, para el Gobierno actual, integrar el desarrollo rural y el acceso a la tierra han sido una prioridad; así lo evidencia el artículo “Alertas a la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno Petro: informe multipartidista, Balance de la implementación del Acuerdo de Paz a casi siete años de la firma y tras un año de Gustavo Petro en el poder” de la Fundación Ideas para la paz, pues según las estadísticas que revela este documento, la mayoría de recursos durante la ejecución de este gobierno se han invertido en la restitución y recuperación de tierras y el acelerador de su formalización entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Teniendo en cuenta que ingresaron 108.476 ha al Fondo de Tierras, de las cuales el Gobierno ha entregado 2.699 (13,7%), beneficiando a 1.275 familias (30% campesinas y 70% de comunidades étnicas).
En las regiones, la implementación de este primer punto del Acuerdo de Paz, ha tenido un avance, teniendo en cuenta el cumplimiento de la entrega de tierras en propiedad en varias regiones del país. Es el caso de la zona céntrica, en donde se resalta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien expidió la primera sentencia de restitución de tierras para comunidades indígenas en el departamento del Tolima, la cual beneficiará a por lo menos 230 personas que conforman 76 familias de la comunidad indígena La Sortija.
Con respecto a los avances en materia de tierras en la región occidental y sur del país, el informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para el Valle del Cauca, detalla que se han restituido 10.576 hectáreas y se han beneficiado 2.275 personas en el departamento. También benefició a comunidades indígenas y afro con 65.558 hectáreas restituidas, favoreciendo a 7.882 personas.
Del mismo modo, Luis Darley Cuesta, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento del Chocó, informó sobre el trabajo que se ha adelantado desde abril del 2023, cuando la organización empezó a tener presencia en el territorio. Hasta el momento, han formalizado la propiedad de tierras para comunidades que llevaban esperando más de dos décadas, en particular, los consejos comunitarios de Santo Domingo y La Soledad en Río Quito han visto la formalización de 1,914 hectáreas a través de títulos colectivos. En materia de formalización, a la fecha de hoy han entregado 11 títulos, que representan 11 familias en el departamento del Chocó representando 40 hectáreas. Antes de finalizar el año 2023 se tiene previsto entregar 56 títulos, concentrándose estos títulos en el Carmen de Atrato, Ungía, Acandí, Nuquí, Uradó y Bahía Solano.
Ampliación democrática para las y los Firmantes de paz
En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, que son actores fundamentales en el camino hacia la reconciliación y el fortalecimiento económico de los territorios, gracias al trabajo articulado entre las víctimas, sociedad civil, los firmantes y el acompañamiento de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han surgido una serie de iniciativas como proyectos productivos y cooperativas que actualmente están siendo un foco transformador y dinamizador de la economía.
Según la Fundación Ideas para la Paz, el 82,5% de los firmantes del Acuerdo cuentan con un proyecto productivo desembolsado, pero solo el 3,5% de las familias tiene los recursos correspondientes a proyectos productivos de ciclo corto ejecutados y solo una familia tiene la totalidad de recursos correspondientes a un proyecto productivo de ciclo largo.
Entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización y los firmantes, los departamentos en donde más se avanza en la creación de políticas de seguridad y participación política, se encuentra el Valle del Cauca, con un total de 497 personas reincorporadas, destacado por el instituto KROC como positivo para prevenir violencia contra los firmantes, muestra de ello que de la tasa nacional de 33%, seguido de Guaviare, departamento que sobresale al contar con Mesas Municipales de Reincorporación como plataformas de incidencia política para los firmantes.
Como referente también se encuentra Norte de Santander, departamento en donde el ARN realiza acompañamiento a diez formas asociativas que vincula 217 firmantes de paz y 76 personas de comunidad; cuatro son asociaciones y seis cooperativas, están ubicadas en los municipios de Tibú (zona urbana y AETC Caño Indio), El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención y Cúcuta. Estas formas asociativas fortalecen los proyectos productivos, colectivos, individuales y autogestionados.
En Antioquia, 1321 personas se encuentran en proceso de reincorporación, lo que lo convierte en el departamento con mayor número de firmantes involucrados en esta etapa de transición. A la fecha, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, 1.311 excombatientes de Farc avanzan en su reincorporación en el departamento, de los cuales 26% son mujeres. De igual forma, indicó que 320 de ellos se encuentran en Medellín y el Área Metropolitana, lo que constituye también un gran reto para la implementación como lo es la reincorporación urbana. Actualmente, existen 4 AETCR distribuidos así: Llano Grande, Dabeiba, Carrizal en Remedios, Román Ruiz en Mutatá, Las Mercedes en Ituango y La Plancha en Anorí.
Reparación efectiva de las víctimas en el marco del conflicto armado
La indemnización a las víctimas sigue avanzando, pues según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, a junio de 2023, 1.357.328 personas habían sido indemnizadas, lo que representa el 17,9% de las víctimas sujetas de atención. Entre julio y agosto de 2023, el gobierno hizo un esfuerzo por acelerar la entrega de indemnizaciones, beneficiando a cerca de 40.000 víctimas. A junio de 2023, 1.357.328 víctimas han sido indemnizadas. Esto representa el 17,9% de personas sujetas de atención.
Las entidades creadas en el marco del Acuerdo continúan desarrollando avances en materia de reparación colectiva, teniendo en cuenta cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a mayo de 2023 había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda y determinado un universo preliminar de 103.955* personas dadas por desaparecidas. Al respecto, a mayo de 2023 se recuperaron 811 cuerpos, que se suman a 289 recuperados por otras entidades. En el ámbito legal, la JEP adelanta investigaciones de macro casos que favorecen la reparación efectiva de las víctimas,
Por su parte, la UBPD resalta el trabajo realizado en Antioquia, teniendo en cuenta que el 23% de las desapariciones en el país: 24.748 personas; en este departamento, hay 7 Planes Regionales de Búsqueda (PRB): Oriente antioqueño, Centro de Antioquia, Eje Bananero, Sur de Urabá, Bajo Atrato, Norte de Urabá, y Darién Chocoano. La UBPD ha tomado más de 400 muestras de ADN. Más de 70 cuerpos recuperados en cementerios y a campo abierto (más 38 cuerpos no identificados a finales de noviembre en el cementerio de Cocorná). Es decir, a inicios de diciembre se habrán recuperado más de 100 cuerpos. La UBPD destaca tres (3) reencuentros de personas encontradas con vida y once (11) entregas dignas de cuerpos a sus familias.
Por la implementación de la partición social de víctimas y campesinos se ha logrado el desarrollo del Plan Integral de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual, que inició en el Valle y ahora se implementa a nivel nacional, además de ser partícipes en la apertura del macro caso 11 con la participación de la organización Águilas de Florida. En el caso del campesinado se adelanta satisfactoriamente el desarrollo de la política pública agroecológica, que beneficiará los procesos agrícolas de víctimas y campesinos. Sumado a los avances, se encuentra que, según el Registro Único de Víctimas, con corte a 30 de septiembre del 2023, las víctimas en el departamento suman 640.577, de los cuales se han realizado 81.026 giros, lo que suma $626.559 millones, aunque se considera que ha sido mediano el aporte ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los que un día sufrieron del conflicto.
Por Radio Nacional
