Por Ernesto Javier Coral . NSI Ipiales
El Tribunal Administrativo de Nariño inició incidente de desacato contra el alcalde de Ipiales porque encontró posibles incumplimientos de varias órdenes impartidas en la sentencia del 22 de abril de 2025, relacionada con la garantía del agua potable, el saneamiento básico y la protección de los ríos Blanco y Chiquito.
En su revisión, el Tribunal consideró que el Municipio no acreditó integralmente el cumplimiento de obligaciones como adelantar proyectos para la construcción o mejoramiento de los tanques de almacenamiento, actualizar el catastro de las redes de acueducto y la información georreferenciada, implementar y ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y desarrollar, de manera periódica, campañas de educación ambiental, ahorro de agua, limpieza y reforestación de las fuentes hídricas.
Aunque la administración presentó proyectos, inversiones, estudios y actuaciones adelantadas, el Tribunal advirtió que esas gestiones no permitían demostrar el cumplimiento integral de las órdenes judiciales.
La decisión también pone bajo la lupa el control sobre los vertimientos clandestinos en la zona de influencia de los ríos Blanco y Chiquito.
Es importante precisar que el alcalde no ha sido declarado responsable ni sancionado todavía. La apertura del incidente inicia un procedimiento en el que deberá ejercer su defensa y demostrar, con pruebas, el cumplimiento de las obligaciones que estaban bajo responsabilidad del Municipio.
El mensaje judicial es claro: una orden de un tribunal no es una recomendación administrativa; debe cumplirse y demostrarse.
Descargue el documento aquí:
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