Durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento

El confinamiento se dio en diez departamentos; el más golpeado fue Chocó, con 124 eventos (10.313 familias afectadas, es decir, 40.414 personas). Le siguen Putumayo, con 22 eventos; Nariño, con 21; Arauca y Valle del Cauca, con 13 cada uno, y Cauca, con 12.

En el 30% de los eventos de confinamientos, las comunidades negras son las más afectadas; el 50%, población indígena, y el 20% restante de los eventos ha afectado a la población campesina.

Situación sobre riesgos de desplazamientos o confinamientos

Finalmente, en el 2023 se registraron 124 eventos de riesgos de desplazamiento masivo forzado o confinamiento, con mayor afectación en Caquetá, con 26; seguido de Antioquia, Chocó y Putumayo, con 11 eventos cada uno. Durante el 2022 se presentaron 143, lo cual evidencia que los eventos de riesgo disminuyeron en el 2023, pero debido a que se materializaron en confinamientos y desplazamientos forzados masivos.

Los departamentos con mayor afectación de riesgo para el 2022 fueron Antioquia, con 19 eventos; Nariño, con 18; Putumayo, con 16; Cauca, con 15; Chocó, con 13; Bolívar, con 12, y Valle del Cauca, con 10. Ese año hubo 19 departamentos con afectaciones, mientras que para el 2023 la misma conducta se presentó en 20 departamentos.

Lo que debe hacer la institucionalidad gubernamental

El principal factor de riesgo evidenciado es el aumento de los cultivos de uso ilícito, que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes zonas y disputa territorial de los grupos armados ilegales, generando homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos.

No solo es reaccionar para atender a las víctimas, como recomendación clave formulada por la Defensoría del Pueblo, sino trabajar en prevención para que no haya más desplazados y confinados.

“Esto se hace frenando las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz”, recalcó Carlos Camargo Assis.