El fiscal Francisco Barbosa dio a conocer que de acuerdo con el mapa de riesgo que tiene el ente acusador, 261 municipios tienen un nivel alto de riesgo, 494 medio y 366 bajo.
Ante estos hechos, el jefe del ente acusador informó que, a la fecha, se cuentan con 1.519 casos abiertos, entre los que se encuentran siete homicidios y siete tentativas de homicidio contra candidatos a las elecciones del 29 de octubre.
Asimismo, se han registrado 531 amenazas; 258 casos de injuria; 38 daños en bien ajeno y un caso por daño informático denunciados por los candidatos ante la Fiscalía. Pero, además, se han conocido 224 denuncias por inscripción irregular de cédulas; 96 por constreñimiento al sufragante; 79 por corrupción al sufragante y 32 por intervención en política.
Igualmente, el fiscal Barbosa aclaró que los funcionarios públicos que paguen recompensas a quienes denuncien actos relacionados con la compra de votos, podrían enfrentar un proceso judicial, pues para hacer tales pagos, se debe demostrar que hubo delito, y si no es así, el servidor es quien está cometiendo un delito.
“Si se pagan esos recursos, y después de la investigación judicial se llega a la conclusión que no hay nada, ¿qué va a pasar? Se iniciarán los procesos por peculado y por falsa denuncia y demandas contra el Estado por esta gran idea”, aseveró.
De la misma manera, Barbosa señaló que hacer este tipo de planes es muy complejo, pues "se suplanta la función de la Rama Judicial. La denuncia es un deber ciudadano”, añadió.
Finalmente, la Fiscalía informó que ya tiene en su poder la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre un presunto fraude que se habría dado por la inscripción irregular de cédulas en la localidad de Sumapaz, en Bogotá.
Por: Radio Nacional
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