La Asociación Ambiente y Sociedad alertó sobre la contaminación en las fuentes hídricas quebrada Parayaco, el río Mocoa y el río Caquetá, por el derrame de crudo derivado de la explosión de un oleoducto.
Según menciona Mercedes Mejía, represente de la mesa departamental del agua en Caquetá este hecho se registró a partir de las 7:20 de la noche con esta explosión, acontecimiento que ha sido recurrente debido a que desde el 2014 se vienen presentado irregularidades.
A su vez, la docente manifiesta que las afectaciones ambientales, también son socioculturales en las comunidades de los departamentos del Caquetá y Putumayo, ya que esto genera un declive al desarrollo económico, sumado a los problemas de salud que se evidenciarán a largo plazo, siendo el agua su recurso vital para la subsistencia.
La docente y líder ambiental menciona que allí habitan comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quienes se ven afectadas y hacen el llamado a las autoridades ambientales como el ministerio de ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que exijan una pronta respuesta por parte de la multinacional Gran Tierra Energy en Colombia quien hasta el momento no se ha pronunciado.
Dadas las condiciones de seguridad que se presentan en el departamento del Putumayo, tanto el Paro Armado decretado el día 7 de octubre, como la explosión del oleoducto, funcionarios de la ANLA han tenido dificultad para acceder a la zona del derrame para adelantar la verificación de las acciones de contingencia, determinar el impacto y la responsabilidad de la multinacional.
De acuerdo a lo expresado en el comunicado que emitió Ambiente y Sociedad el pasado 10 de octubre, las principales causas que ponen a este oleoducto en vulnerabilidad el ecosistema amazónico y en riesgo a las comunidades aledañas son:
A menos de dos metros de profundidad se encuentra la socavación del suelo cerca al río Mocoa, violando la autorización de otorgamiento de concesión de cauce e incrementando el riesgo de un posible derrame de crudo sobre los afluentes.
Luego de tres años de concesión, en 2014, todavía no se habían presentado las medidas del plan de contingencia, ni informe de seguimiento y control para la línea de flujo subfluvial.
En el año 2019 se comenzó un seguimiento intensivo desde ANLA para corregir las deficiencias en Plan de contingencias, actualmente siguen en proceso las sanciones pertinentes por los incumplimientos de Gran Tierra Energy a las obligaciones ambientales.
Finalmente, la Asociación y la comunidad caqueteña y putumayense hacen un llamado al gobierno nacional para que garantice el ejercicio de defensa de los derechos humanos y ambientales que se ven afectados por el recrudecimiento del conflicto en estas zonas.
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