El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó la tarjeta de afinidad Soy Cultura, un instrumento para ofrecer servicios de calidad a artistas, cultores y sabedores del país.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó la tarjeta de afinidad Soy Cultura, un instrumento para ofrecer servicios de calidad a artistas, cultores y sabedores del país a través de portafolios de productos y servicios diseñados por aliados privados e institucionales.
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Los beneficios a los que podrán acceder los 150.231 trabajadores de la cultura, actualmente vinculados al Registro Único Nacional de Agentes, son inclusión económica y financiera (ahorro, créditos, micro seguros, transferencias, entre otros); formación y educación (formación profesional, capacitación específica, educación técnica y superior, educación financiera); servicios operativos y logísticos (empaque y embalaje de obras de artes, transporte de carga doméstica y de pasajeros); salud y bienestar social (telemedicina, medicamentos, servicios de salud) y servicios culturales (acceso libre a teatros, museos y salas concertadas del MinCulturas y acceso en condiciones especiales a espectáculos del sector privado).
“Aquí hay una apuesta de corresponsabilidad. Nosotros no los queremos buscar en tanto aliados, para que nos entreguen cosas, sino para decirles que estamos dispuestos a entregarles cosas. Tenemos una oportunidad muy grande para todos, soy un convencido de que las alianzas entre lo público y lo privado pueden ser alianzas virtuosas, me interesa que hoy el tema para los trabajadores de la cultura sea económico, de productividad, de desarrollo “, dijo el ministro Juan David Correa.
El único requisito para obtener la tarjeta es formar parte del Registro Único Nacional de Agentes Soy Cultura. Esta herramienta, según la Ley 2070 de 2020, está diseñada para la inscripción, caracterización y actualización de la información de gestores y creadores culturales a nivel nacional. Y opera mediante una plataforma web destinada al registro de personas naturales de nacionalidad colombiana y extranjeros mayores de 18 años, con residencia continua en Colombia durante al menos cinco años.
La tarjeta comenzará a distribuirse durante el primer trimestre de 2024. A la fecha, hay 17 instituciones públicas y empresas privadas con marcas reconocidas en el mercado como auspiciadoras de esta iniciativa: Asociación Colombiana de Universidades–ASCUN, Bancamía, Banco Cooperativo Coopcentral, PasarEx, Gelsa-Paga Todo, Asociación Nacional de Fondo de Empleados–ANALFE, Medismart, Banca de las Oportunidades, Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA, Berlinas, Confiar, Transberlinas, Coopidrogas, Asocajas, Banco Agrario, TuBoleta y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
“Nosotros hemos reconocido en los diferentes territorios en los que hacemos presencia que toda la contribución de la gente que se dedica a conservar los saberes ancestrales, a las artesanías, a la cultura, tiene un aporte enorme no solo económico, sino desde el punto de vista social. Nosotros hemos hecho una oferta inicial que consta en un primer momento en generar acceso a programas de educación y salud financiera para que los artistas tomen buenas decisiones con sus recursos y de ahí en adelante tendrán acceso a crédito con un descuento de hasta 500 puntos básicos en su tasa de interés”, aseguró Viviana Araque, presidenta de Bancamía.
La tarjeta de afinidad Soy Cultura es una pieza integral de la política cultural destinada a la economía popular implementada por el Gobierno Nacional en favor de los trabajadores del ámbito cultural.
Este instrumento es inscrito por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como parte fundamental de su compromiso para potenciar los conocimientos, prácticas y oficios de los trabajadores culturales, así como para fortalecer sus formas de organización y sostenibilidad.
Los interesados en inscribirse en Registro Único Nacional de Agentes Soy Cultura lo pueden hacer a través de https://soycultura.mincultura.gov.co.
Tras varias semanas de accidentadas sesiones y una enredada votación de 135 artículos agrupados en varios bloques –en lugar de una discusión metódica y analítica punto por punto–, la plenaria discutió ayer los cinco artículos que restaban para darle otro impulso al proyecto (aprobó tres de ellos y eliminó dos). La polémica, la polvareda política y la polarización marcaron el derrotero de los debates.
Lo anterior, en medio de las críticas y advertencias tanto de dirigentes políticos (incluidos los de su propia bancada), como de expertos y académicos. De por medio quedaron denuncias de “orangutanes”, pupitrazos, intentonas por silenciar a los opositores y un trámite a las carreras, pese a que se trata de un proyecto que modifica un asunto transversal como la salud. También abundaron reclamos por mermelada y politiquería que siguen poniendo en tela de juicio las banderas del mentado “gobierno del cambio”.
Recién este martes se conoció una encuesta de la firma Cifras y Conceptos que –además de evidenciar que la desfavorabilidad de Petro se trepó del 55 % al 59 % entre septiembre y noviembre–, revela que si bien en junio el porcentaje de quienes estaban de acuerdo con la controvertida reforma a la salud eran el 28 % de los encuestados, ahora bajó al 24 %. Es decir, apenas uno de cada cuatro colombianos.
Ahora la discusión pasa al Senado de la República, donde el proyecto deberá enfrentar otros dos debates antes de ser ley. Sin embargo, allí el debate es a otro precio pues, a diferencia de la Cámara, en el Senado Petro no goza de mayorías y, bajo un escrutinio ciudadano cada vez más constante, podría verse a gatas a la hora de encontrar apoyos. Además, la reforma llega empantanada por al menos cinco grandes polémicas que deberán resolverse.
El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar su solicitud de cumplir el resto de su condena fuera de prisión.
El Tribunal Constitucional de Perú ha emitido este martes una resolución en la que declara fundado el 'habeas corpus' concedido al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ordena su "inmediata" excarcelación del centro penitenciario de Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad", reza la resolución publicada por el Constitucional en su página web.
Asimismo, el órgano judicial encargado de interpretar la Carta Magna peruana, ha resuelto "llamar severamente la atención" al juez Vicente Fernández Tapia, encargado de ejecutar la orden de excarcelación aprobada la semana pasada por el Constitucional, pero que declaró improcedente el fallo.
Así pues, los magistrados del Tribunal Constitucional han "exhortado" al juez Fernández Tapia a "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de 'habeas corpus'", como es el caso del expresidente Fujimori.
El Tribunal Constitucional ha declarado fundado un recurso de reposición del 'habeas corpus' concedido en marzo de 2022 a Fujimori. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar su solicitud de cumplir el resto de su condena fuera de prisión.
El Constitucional remitió la semana pasada al juzgado de Ica --donde se originó el 'habeas corpus' de 2022-- la decisión de restablecer el indulto presidencial a Fujimori, si bien el juez encargado del caso, el mencionado Fernández Tapia, rechazó tomar tal decisión declarando el fallo como improcedente.
El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018.
En marzo de 2022, el Constitucional declaró fundado un 'habeas corpus' presentado por el equipo de abogados de Fujimori y en el que aludían precisamente a su estado de salud, apuntando que había empeorado desde que se le anuló el indulto concedido por Kuczynski.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Por Ernesto Javier Coral . NSI Ipiales El Tribunal Administrativo de Nariño inició incidente de desacato contra el alcalde de Ipiales porqu...
