Deportación masiva desborda capacidad institucional en frontera colombo-ecuatoriana

Ipiales, Nariño.

Más de 300 colombianos privados de la libertad en Ecuador fueron deportados sorpresivamente por el Puente Internacional de Rumichaca, sin que el Gobierno Nacional fuera notificado previamente. La falta de comunicación oficial por parte del vecino país impidió una preparación adecuada y expuso la fragilidad de los protocolos de atención en emergencias humanitarias.

Ante la situación, la Gobernación de Nariño, en coordinación con la Alcaldía de Ipiales, el Gobierno Nacional y entes de control, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a las personas retornadas. Sin embargo, la respuesta inicial se vio desbordada por el volumen de deportados y la ausencia de una logística previa.

“El ingreso de estas personas se dio sin previo aviso. Hasta ahora han llegado más de 300, de las cuales al menos 10 han sido recapturadas por requerimientos judiciales en Colombia”, confirmó el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien lidera las acciones en terreno.

Desde la madrugada, entidades de salud, asistencia social y justicia intentan garantizar atención médica, alimentación y asesoría jurídica. No obstante, las condiciones en la frontera son limitadas y la respuesta depende de la articulación con organismos nacionales como Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, y el programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Algunos deportados ya fueron trasladados a ciudades como Bogotá y Cali. Mientras tanto, se realiza un censo para identificar a los nariñenses entre el grupo y activar un protocolo de acogida diferencial.

“Esta es una situación crítica que requiere mayor cooperación entre las Cancillerías de ambos países. Se deben garantizar los derechos fundamentales de los connacionales retornados”, señaló el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez.

En el PMU participan además la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Departamental de Salud, el Ejército, la Policía Nacional y la Personería municipal.

El inesperado retorno masivo plantea desafíos urgentes para el Estado colombiano en materia de derechos humanos, logística humanitaria y diplomacia transfronteriza. La falta de preparación frente a este tipo de eventos evidencia la necesidad de protocolos más sólidos y mecanismos binacionales eficaces.