El presidente Gustavo Petro declaro emergencia social y económica en La Guajira, ¿por qué y qué implicaciones tiene su implementación?

“Creo que es absolutamente pertinente declarar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública. Todas las probabilidades de los modelos climáticos de las instituciones dedicadas a este menester, apuntan y anuncian la cercanía de una sequía que nunca se había visto en La Guajira”, así lo dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, ante cientos de habitantes de esta zona del país. 

Y es que el mandatario de los colombianos, junto a todo el gabinete de ministros, completa hoy cinco días de recorrido por uno de los departamentos más golpeados por temas económicos y sociales en los últimos años y, en búsqueda de soluciones, se implementó esta declaratoria. 

¿Qué alcance tiene esta emergencia y es realmente necesaria?

Radio Nacional consultó a Mauricio Reina, economista e investigador de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y, según él, “este es un estado de excepción que está contemplado por la Constitución en Colombia que permite que el presidente de la República, legisle por decreto. Es decir, que en lugar de pasar leyes al Congreso, emita decretos con fuerza de ley. Eso solamente se puede dar cuando hay circunstancias que amenazan con alterar el orden económico, político, social y ecológico y, siempre y cuando, las causas sean imprevisibles con anterioridad”. 

Por su parte, Edgar Ricardo Jiménez Méndez, también economista, especialista en finanzas y líder del Laboratorio Financiero, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asegura que “para el país esta declaratoria significa que hay medidas que se deben tomar de manera urgente, que no dan espera a debates y, en ese orden de ideas vale la pena recordar que la última vez que se implementó fue en medio de la pandemia generada por el Covid-19”.

¿En qué otros casos se declaró la emergencia?

Han sido varias las ocasiones en las que esta emergencia ha sido implementada. Por ejemplo, “en época invernal en la que se han registrado cantidades de damnificados, el anterior Gobierno la impuso. En las avalanchas que se dieron en el Putumayo y por la llegada masiva de migrantes venezolanos a territorio nacional hace unos años, también. Estas son situaciones que requieren de atención inmediata”, asegura Jiménez Méndez.

Sin embargo, los argumentos del presidente van más allá. En una de las intervenciones que realizó esta semana, desde uno de los rincones culturalmente más ricos del país: La Guajira, también afirmó que su prioridad estará ligada a suplir las necesidades que requieren de atención como: la falta de agua y de alimentos. 

Entre tanto, desde la Casa de Nariño, emitieron un comunicado en el que explicaron que “lo que se busca, en esencia, es acentuar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”. 

Pero además, preocupa que en los próximos meses se registrarían temperaturas que pondrían amenazar a las comunidades en mención. 

Según señala el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este evento climático, que se avecina, se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico y tendría “efectos notables en el norte de la región Pacífica, en los departamentos de la región Andina y en los de la región Caribe”.

Pero a esto se le suma el olvido y la falta de voluntad política que han tenido los Gobiernos en este lugar, así lo confirmó la gobernadora Diala Wilches, que, en diálogo con el informativo Colombia Hoy, de la Presidencia, aseguró que esta “es la primera vez que un Gobierno se traslada al territorio, para atender de primera mano sus requerimientos”.

¿Es necesaria esta declaratoria y se podría o debería implementar en otras regiones?

“Esto depende de cómo se haga la declaratoria, porque si se recurren a causales como el fenómeno del niño y a la sequía, es posible que La Guajira no sea el único territorio que pasa por estas circunstancias. Eso, por una parte, pero por otra, ese fenómeno era previsible con anterioridad, según expertos y analistas y, al ser previsible se habrían podido pasar por el Congreso, las normas para hacer frente a la crisis”, explica.

A su vez, detalla que las facultades que tendría el Gobierno serían: legislar por decreto y, probablemente, las normas que se emitan estarían relacionadas con asignaciones de gasto y modificaciones de impuesto y esto generaría recursos para atender los hechos que se presenten.

Pero este es “un mecanismo de 30 días, que se puede renovar y al que se puede acudir en cualquier momento, que requiera atención y prontitud. Esta emergencia también debe apuntar a apoyar a la población, pero deberá aprovecharse para llamar a cuentas a quienes han estado administrando los recursos de la nación que se distribuyen en la región. Tiene que ser una operación en la que beneficie a la gente de manera estructural, no en el corto plazo. Ya veremos si el Gobierno puede llegar efectivamente a hacer uso eficiente de los recursos que serán asignados”, concluye Edgar Ricardo Jiménez Méndez y de la misma manera, lo esperan los más de 880 mil habitantes de La Guajira.