La Alianza 5 Claves, que le ha presentado a la JEP más de cuarenta documentos solicitando la apertura del Caso sobre violencia de género en el conflicto armado.
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A principio de agosto, la Alianza 5 Claves le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuatro documentos con los que esperaban añadir nuevos elementos a la discusión sobre si se debía abrir, o no, un nuevo macrocaso.
Casi dos meses después, la Alianza, que es una red de cinco organizaciones dedicadas a consolidar los derechos de mujeres y personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, celebra que el Caso 11 por fin sea una realidad. En él, la JEP, a partir de tres subcasos, podrá investigar y sancionar la violencia basada en género que ocurrió en el conflicto armado.
María de los Ángeles Ríos, vocera de la organización, feminista con formación en Derecho y en Sociología Jurídica, conversó con Colprensa sobre el nuevo frente de investigación de la Jurisdicción, destacó su importancia y enumeró algunos retos que quedan en el camino futuro.
Para la líder de la Red Nacional de Mujeres, el macrocaso 11 es necesario por varias razones. Una de las principales es que "en Colombia ha existido una negación histórica de acceso a las justicias para las mujeres víctimas de violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad".
"En el marco del conflicto armado, estas violencias fueron ejercidas por los actores armados con fines específicos", dijo la experta, quien añadió que a nivel internacional no existe "una experiencia similar de un proceso de justicia transicional, en la que se pregunte cuáles fueron los fines, los objetivos, las razones que explican las violencias".
En ese sentido, el Caso once podrá saldar una deuda histórica con el proceso de investigación y sanción. Además, podrá servir de experiencia para la forma en la que se abordan temas de violencia de género, dado que "se relaciona con algo que es social y cultural, que es cómo estas violencias subyacen en una estructura cultural en la que se cree que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados son objeto de acceso, es decir, 'puedo disponer de ellos porque no son importantes'".
La JEP se encargará de brindar justicia transicional, como está dispuesto en su mandato, y para María de Los Ángeles ello representa una oportunidad para esclarecer "cómo esas estructuras de discriminación se profundizan en la guerra".
Asimismo, es muy importante que se logre dejar lecciones aprendidas para que la justicia ordinaria, cuando termine el plazo de operación de la transicional, pueda hacerles frente a los altos índices de impunidad e inoperancia actuales.
Para la Alianza Cinco Claves, la JEP tendrá que afrontar distintos retos para que la apertura del macrocaso pueda llegar a un buen puerto. Por un lado, mencionó Ríos, la Jurisdicción Especial tendrá que conformar equipos especializados y sensibilizados para poder acercarse a las víctimas.
Por otro, tendrá que derrotar la "resistencia al reconocimiento" que han mantenido en cierta medida los actores armados para evitar aceptar su responsabilidad en violencia que afectó particularmente a las mujeres y a l población LGBTIQ+.
"Nosotros le hemos entregado a la JEP, a lo largo del tiempo, más de cuarenta documentos con recomendaciones sobre cómo pueden llevar a cabo su labor oficiosa", subrayó María de los Ángeles.
La experta explicó: "Deben reconocer el contexto como un elemento probatorio; tienen que reconocer que las víctimas, por el paso del tiempo, podrían no dar integralmente todas las particularidades del hecho de violencia; tienen que profundizar, por ejemplo, en cuál era el mando que estaba en el territorio, cómo se vestían los actores".
María de los Ángeles Ríos sostiene, como lo ha hecho Cinco Claves, que la discriminación por razones de género, que investigará la JEP en el nuevo macrocaso, tiene relación con el conflicto armado.
"Es decir, los actores armados no operan fuera de un contexto, operan en el marco de un contexto de discriminación. En ese sentido, los hechos de violencia que ejercen tienen una relación directa con la lectura que hacen sobre los cuerpos de las personas", recalcó la conocedora de justicia transicional.
"Es decir, si históricamente se ha concebido que el cuerpo de la mujer y de las personas LGBTIQ+ son objeto de disposición, eso lo usan con unos fines, y lo hicieron con unos fines muy específicos", dijo Ríos, y agregó: "Lo que esperamos con el proceso de la JEP es que haya una comprensión mucho más integral sobre cómo opera este fenómeno de violencia y, además, las consecuencias".
Acerca de las consecuencias, la vocera de Cinco Claves indicó que el nuevo Caso tendrá que centrarse en las víctimas de violencia basada en género, quienes deben acceder a reparación en las diferentes etapas que vendrán. Lo indispensable es no pensar solo en el hecho de violencia en sí, sino en cuáles fueron los impactos que este causó en las víctimas.
En un futuro, el análisis del 11 Caso podrá responder a una necesidad estructural de transformar "las condiciones que hicieron posible la guerra y que hicieron posible los hechos de violencia que se cometen en el conflicto".
Adicionalmente, tendrá el reto de "otorgarle satisfacción a las víctimas, teniendo en cuenta que se van a abordar casos de manera macro, es decir, no solo se va a centrar en una víctima, sino que se va a dar comprensión de un fenómeno de violencia a partir de diferentes víctimas".
"Eso en Colombia es algo muy importante, porque, como hemos visto, la conversación sobre la reparación pasa a un segundo lugar", explicó Ríos. "Lo que está haciendo la JEP, y lo que debe hacer en el marco de este macrocaso es plantear formas, de manera creativa, en que sí se puedan satisfacer las expectativas de las víctimas".
Por Radio Nacional
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