Los niños afectados por la guerra precisan medidas audaces de protección

Más de 8600 menores fueron asesinados o mutilados en escenarios de conflicto armado en 2022 y unos 7600 fueron reclutados, según la ONU, que documentó un total de 27.800 violaciones graves contra niños atrapados en escenarios de guerra. Entre los abusos también destacaron la violación y esclavitud sexual, sobre todo de niñas.

El año pasado se cometieron 27.180 violaciones graves contra niños atrapados en la guerra, el número más alto jamás verificado por la ONU, reportó este miércoles al Consejo de Seguridad la representantes especial del Secretario General para Niños y Conflictos Armados.

Al presentar su informe anual sobre el tema, Virginia Gamba, urgió a tomar medidas decididas y audaces para proteger a los niños que corren riesgos de muerte, reclutamiento, violación y otros flagelos.

Gamba se centró en 26 escenarios de cinco regiones del mundo, incluyendo por primera vez a Etiopía, Mozambique y Ucrania y destacando situaciones nuevas en Haití y Níger.

Según los datos verificados por la ONU, 18.890 niños sufrieron violaciones graves durante la guerra en 2022. La desagregación de esa cifra supone 8630 asesinados o mutilados, 7622 reclutados y utilizados en combate, y 3985 secuestrados.

Gamba afirmó que estas tres violaciones alcanzaron sus niveles más altos tras haber aumentado el año pasado.

“Los niños murieron o resultaron heridos en ataques aéreos, con armas explosivas, con munición real, en fuego cruzado o en ataques directos. En muchos casos, fueron víctimas de restos explosivos de guerra”, explicó.

Además, la representante especial dio cuenta de 1165 menores, en su mayoría niñas, que padecieron violaciones -a menudo masivas-, matrimonios forzados o esclavitud sexual, y agresiones sexuales. Algunos casos fueron tan graves que las víctimas murieron.

Rostros de niños detrás de las cifras

En este contexto, subrayó la necesidad de no olvidar nunca que estos números representan a niños reales cuyas historias individuales no se cuentan.

Citó ejemplos como el caso de tres niñas en Sudán del Sur que fueron violadas en grupo durante un periodo de cinco días, una niña de 14 años secuestrada y quemada viva en Myanmar y niños asesinados por un artefacto explosivo improvisado en una escuela en Afganistán

“Por eso debemos recordar que detrás de las cifras están los rostros de los niños que sufren la violencia armada en el mundo. Debemos hacer más para prevenir y proteger a nuestros niños de los estragos del conflicto armado”, dijo.

Un niño palestino se sienta sobre las ruinas de su casa en Gaza, destruida por los ataques aéreos israelíes de agosto de 2022.

Castigo en vez de protección

Gamba también señaló que algunos niños son castigados por sus circunstancias en lugar de recibir protección. El año pasado, 2496 niños fueron privados de la libertad por su asociación real o supuesta con partes en conflicto.

“Al ser particularmente vulnerables a manos de las autoridades, los niños detenidos estuvieron expuestos a más violaciones de sus derechos, incluidas la tortura y la violencia sexual. En algunos casos, incluso fueron condenados a muerte”, apuntó.

El informe reveló asimismo ataques verificados en 1163 escuelas y 650 hospitales en 2022, lo que representa un aumento del 112% con respecto al año anterior. La mitad de estos ataques fueron llevados a cabo por fuerzas gubernamentales.

Gamba se refirió con preocupación al uso de escuelas y hospitales con fines militares, que registró un aumento de más del 60% el año pasado, tanto por parte de los ejércitos como de los grupos armados.

Negación de ayuda humanitaria

Mientras tanto, los trabajadores humanitarios y la ayuda vital que brindan, y que a menudo son la única esperanza para los niños y las comunidades afectadas por el conflicto, son cada vez más objeto de críticas.

La ONU comprobó más de 3930 incidentes de denegación de acceso humanitario a niños el año pasado. Los trabajadores humanitarios también fueron asesinados, agredidos y secuestrados, mientras que los suministros fueron saqueados y se destruyeron bienes e infraestructura vital.

Conflictos de larga data

El director ejecutivo adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Omar Abdi, por su parte, informó al Consejo de Seguridad que las cifras más altas de violaciones graves contra los niños se registraron en conflictos de larga data, mencionando países como la República Democrática del Congo, Israel y Palestina, y Somalia.

Aunque el conflicto actual en Sudán estalló fuera del periodo del informe, UNICEF también resaltó su impacto en los 21 millones de niños que viven allí.

“Más de un millón de niños han sido ahora desplazados por los combates y la ONU ha recibido informes fidedignos de que cientos de niños han resultado muertos y heridos”, abundó.

Abdi insistió en que el mandato de la ONU sobre los niños y los conflictos armados es efectivo y señaló que los grupos armados han liberado al menos a 180.000 niños de sus filas en los últimos 23 años.

Sin embargo, añadió que “a medida que crece el número de países en la agenda de niños y conflictos armados, aumenta el número de menores que necesitan protección y apoyo, por lo que pidió más respaldo internacional a la labor de la ONU.

El presidente Gustavo Petro declaro emergencia social y económica en La Guajira, ¿por qué y qué implicaciones tiene su implementación?

“Creo que es absolutamente pertinente declarar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública. Todas las probabilidades de los modelos climáticos de las instituciones dedicadas a este menester, apuntan y anuncian la cercanía de una sequía que nunca se había visto en La Guajira”, así lo dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, ante cientos de habitantes de esta zona del país. 

Y es que el mandatario de los colombianos, junto a todo el gabinete de ministros, completa hoy cinco días de recorrido por uno de los departamentos más golpeados por temas económicos y sociales en los últimos años y, en búsqueda de soluciones, se implementó esta declaratoria. 

¿Qué alcance tiene esta emergencia y es realmente necesaria?

Radio Nacional consultó a Mauricio Reina, economista e investigador de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y, según él, “este es un estado de excepción que está contemplado por la Constitución en Colombia que permite que el presidente de la República, legisle por decreto. Es decir, que en lugar de pasar leyes al Congreso, emita decretos con fuerza de ley. Eso solamente se puede dar cuando hay circunstancias que amenazan con alterar el orden económico, político, social y ecológico y, siempre y cuando, las causas sean imprevisibles con anterioridad”. 

Por su parte, Edgar Ricardo Jiménez Méndez, también economista, especialista en finanzas y líder del Laboratorio Financiero, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asegura que “para el país esta declaratoria significa que hay medidas que se deben tomar de manera urgente, que no dan espera a debates y, en ese orden de ideas vale la pena recordar que la última vez que se implementó fue en medio de la pandemia generada por el Covid-19”.

¿En qué otros casos se declaró la emergencia?

Han sido varias las ocasiones en las que esta emergencia ha sido implementada. Por ejemplo, “en época invernal en la que se han registrado cantidades de damnificados, el anterior Gobierno la impuso. En las avalanchas que se dieron en el Putumayo y por la llegada masiva de migrantes venezolanos a territorio nacional hace unos años, también. Estas son situaciones que requieren de atención inmediata”, asegura Jiménez Méndez.

Sin embargo, los argumentos del presidente van más allá. En una de las intervenciones que realizó esta semana, desde uno de los rincones culturalmente más ricos del país: La Guajira, también afirmó que su prioridad estará ligada a suplir las necesidades que requieren de atención como: la falta de agua y de alimentos. 

Entre tanto, desde la Casa de Nariño, emitieron un comunicado en el que explicaron que “lo que se busca, en esencia, es acentuar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”. 

Pero además, preocupa que en los próximos meses se registrarían temperaturas que pondrían amenazar a las comunidades en mención. 

Según señala el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este evento climático, que se avecina, se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico y tendría “efectos notables en el norte de la región Pacífica, en los departamentos de la región Andina y en los de la región Caribe”.

Pero a esto se le suma el olvido y la falta de voluntad política que han tenido los Gobiernos en este lugar, así lo confirmó la gobernadora Diala Wilches, que, en diálogo con el informativo Colombia Hoy, de la Presidencia, aseguró que esta “es la primera vez que un Gobierno se traslada al territorio, para atender de primera mano sus requerimientos”.

¿Es necesaria esta declaratoria y se podría o debería implementar en otras regiones?

“Esto depende de cómo se haga la declaratoria, porque si se recurren a causales como el fenómeno del niño y a la sequía, es posible que La Guajira no sea el único territorio que pasa por estas circunstancias. Eso, por una parte, pero por otra, ese fenómeno era previsible con anterioridad, según expertos y analistas y, al ser previsible se habrían podido pasar por el Congreso, las normas para hacer frente a la crisis”, explica.

A su vez, detalla que las facultades que tendría el Gobierno serían: legislar por decreto y, probablemente, las normas que se emitan estarían relacionadas con asignaciones de gasto y modificaciones de impuesto y esto generaría recursos para atender los hechos que se presenten.

Pero este es “un mecanismo de 30 días, que se puede renovar y al que se puede acudir en cualquier momento, que requiera atención y prontitud. Esta emergencia también debe apuntar a apoyar a la población, pero deberá aprovecharse para llamar a cuentas a quienes han estado administrando los recursos de la nación que se distribuyen en la región. Tiene que ser una operación en la que beneficie a la gente de manera estructural, no en el corto plazo. Ya veremos si el Gobierno puede llegar efectivamente a hacer uso eficiente de los recursos que serán asignados”, concluye Edgar Ricardo Jiménez Méndez y de la misma manera, lo esperan los más de 880 mil habitantes de La Guajira.