Más de $260 mil millones destinados a iniciativas de transformación digital en Nariño

 

El Gobierno nacional anunció una inversión superior a $260 mil millones para el desarrollo de proyectos de transformación digital en el departamento de Nariño. Entre las acciones implementadas se encuentra la conexión de más de 1.160 escuelas rurales a internet, así como la entrega de equipos tecnológicos y procesos de formación digital en zonas con antecedentes de violencia.

💻 Distribución de equipos tecnológicos

Durante una visita oficial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) entregó 200 computadores, como parte de un plan que contempla la distribución de 3.000 dispositivos en el departamento. Según la entidad, estos equipos están dirigidos a estudiantes de distintas edades con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas digitales para actividades académicas y de formación.

🧠 Capacitación en habilidades digitales

En el marco del programa ‘Talento TECH’, 400 personas completaron procesos de formación en áreas como programación, inteligencia artificial y blockchain. Esta iniciativa busca fortalecer competencias digitales en la población, con miras a ampliar sus oportunidades en el mercado laboral tecnológico.

🏢 Avances en infraestructura digital

El Ministerio también informó sobre el progreso en la construcción de los Centros PotencIA en las ciudades de Pasto y Tumaco. Estos espacios incluirán conectividad, dispositivos tecnológicos y aulas especializadas en temas como ciberseguridad, computación en la nube, big data, realidad virtual, innovación y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El titular de la cartera TIC señaló que estas acciones están orientadas a mejorar el acceso a la tecnología en regiones con limitaciones históricas en conectividad.

Comunidades indígenas e instituciones educativas trazan ruta para mejorar acceso a la educación superior en Nariño

Representantes de comunidades indígenas, autoridades educativas y directivos de instituciones de educación superior se reunieron en Pasto para definir acciones que garanticen el acceso equitativo y pertinente a la educación superior en el departamento de Nariño.

Durante el encuentro, las comunidades plantearon necesidades como cupos diferenciales, programas académicos adaptados a los territorios, ferias universitarias en zonas rurales y acceso a becas completas. En respuesta, se acordó presentar una propuesta conjunta con enfoque intercultural, solicitar al Ministerio de Educación una política pública diferencial para pueblos indígenas, y promover cursos técnicos del SENA ajustados a las realidades locales.

Rubiel Chasoy, rector de la Institución Educativa Inga de Aponte, destacó la importancia de transformar los territorios desde las aulas. Edwin Chávez, autoridad del pueblo Quillasinga, valoró el diálogo como base para una ruta educativa construida desde los saberes ancestrales.

Rodrigo Duque López, asesor en educación superior, señaló que por primera vez se proyecta una política pública construida en conjunto con las comunidades indígenas.

El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Educación Departamental, el programa Nariño Superior, el SENA y diversas instituciones educativas. La jornada marca un avance hacia una educación superior más inclusiva y territorial.

“Fallo contra Álvaro Uribe ratifica independencia judicial en Colombia”

La jueza Sandra Liliana Heredia defendió la autonomía de la justicia al declarar culpable al expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal.

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TEXTO DE LA NOTICIA:

En un hecho sin precedentes en la historia judicial del país, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, adoptada tras un extenso y complejo juicio, ha sido interpretada por amplios sectores de la sociedad como una muestra clara de la fortaleza institucional y de la independencia del poder judicial en Colombia.

La magistrada Heredia, conocida por su perfil técnico y discreto, sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía y las víctimas evidenciaron maniobras para manipular testigos, afectando el curso de la justicia. El fallo impone al exmandatario una condena de 12 años de prisión domiciliaria, junto con una multa superior a los 3.400 millones de pesos y una inhabilitación de ocho años para ocupar cargos públicos.

Organizaciones de derechos humanos, académicos y juristas han destacado la valentía de la jueza para fallar en un caso de alto impacto político, en el que se enfrentaron presiones mediáticas y manifestaciones de sectores contrarios a la decisión. “Este es un paso importante para demostrar que la ley es igual para todos, sin importar el cargo o el poder político”, señaló un representante de la Comisión Colombiana de Juristas.

El gobierno nacional, a través de la Presidencia, reiteró su respeto absoluto por la autonomía judicial y llamó a que el fallo se acate en el marco de los procedimientos legales vigentes. La defensa del expresidente ha anunciado que apelará la decisión el próximo 11 de agosto, proceso que continuará bajo la supervisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Este caso marca un punto de referencia en la historia del país, reafirmando que la justicia colombiana puede actuar con independencia, incluso frente a las figuras políticas más influyentes.