Más de $260 mil millones destinados a iniciativas de transformación digital en Nariño

 

El Gobierno nacional anunció una inversión superior a $260 mil millones para el desarrollo de proyectos de transformación digital en el departamento de Nariño. Entre las acciones implementadas se encuentra la conexión de más de 1.160 escuelas rurales a internet, así como la entrega de equipos tecnológicos y procesos de formación digital en zonas con antecedentes de violencia.

💻 Distribución de equipos tecnológicos

Durante una visita oficial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) entregó 200 computadores, como parte de un plan que contempla la distribución de 3.000 dispositivos en el departamento. Según la entidad, estos equipos están dirigidos a estudiantes de distintas edades con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas digitales para actividades académicas y de formación.

🧠 Capacitación en habilidades digitales

En el marco del programa ‘Talento TECH’, 400 personas completaron procesos de formación en áreas como programación, inteligencia artificial y blockchain. Esta iniciativa busca fortalecer competencias digitales en la población, con miras a ampliar sus oportunidades en el mercado laboral tecnológico.

🏢 Avances en infraestructura digital

El Ministerio también informó sobre el progreso en la construcción de los Centros PotencIA en las ciudades de Pasto y Tumaco. Estos espacios incluirán conectividad, dispositivos tecnológicos y aulas especializadas en temas como ciberseguridad, computación en la nube, big data, realidad virtual, innovación y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El titular de la cartera TIC señaló que estas acciones están orientadas a mejorar el acceso a la tecnología en regiones con limitaciones históricas en conectividad.

Comunidades indígenas e instituciones educativas trazan ruta para mejorar acceso a la educación superior en Nariño

Representantes de comunidades indígenas, autoridades educativas y directivos de instituciones de educación superior se reunieron en Pasto para definir acciones que garanticen el acceso equitativo y pertinente a la educación superior en el departamento de Nariño.

Durante el encuentro, las comunidades plantearon necesidades como cupos diferenciales, programas académicos adaptados a los territorios, ferias universitarias en zonas rurales y acceso a becas completas. En respuesta, se acordó presentar una propuesta conjunta con enfoque intercultural, solicitar al Ministerio de Educación una política pública diferencial para pueblos indígenas, y promover cursos técnicos del SENA ajustados a las realidades locales.

Rubiel Chasoy, rector de la Institución Educativa Inga de Aponte, destacó la importancia de transformar los territorios desde las aulas. Edwin Chávez, autoridad del pueblo Quillasinga, valoró el diálogo como base para una ruta educativa construida desde los saberes ancestrales.

Rodrigo Duque López, asesor en educación superior, señaló que por primera vez se proyecta una política pública construida en conjunto con las comunidades indígenas.

El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Educación Departamental, el programa Nariño Superior, el SENA y diversas instituciones educativas. La jornada marca un avance hacia una educación superior más inclusiva y territorial.

“Fallo contra Álvaro Uribe ratifica independencia judicial en Colombia”

La jueza Sandra Liliana Heredia defendió la autonomía de la justicia al declarar culpable al expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal.

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TEXTO DE LA NOTICIA:

En un hecho sin precedentes en la historia judicial del país, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, adoptada tras un extenso y complejo juicio, ha sido interpretada por amplios sectores de la sociedad como una muestra clara de la fortaleza institucional y de la independencia del poder judicial en Colombia.

La magistrada Heredia, conocida por su perfil técnico y discreto, sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía y las víctimas evidenciaron maniobras para manipular testigos, afectando el curso de la justicia. El fallo impone al exmandatario una condena de 12 años de prisión domiciliaria, junto con una multa superior a los 3.400 millones de pesos y una inhabilitación de ocho años para ocupar cargos públicos.

Organizaciones de derechos humanos, académicos y juristas han destacado la valentía de la jueza para fallar en un caso de alto impacto político, en el que se enfrentaron presiones mediáticas y manifestaciones de sectores contrarios a la decisión. “Este es un paso importante para demostrar que la ley es igual para todos, sin importar el cargo o el poder político”, señaló un representante de la Comisión Colombiana de Juristas.

El gobierno nacional, a través de la Presidencia, reiteró su respeto absoluto por la autonomía judicial y llamó a que el fallo se acate en el marco de los procedimientos legales vigentes. La defensa del expresidente ha anunciado que apelará la decisión el próximo 11 de agosto, proceso que continuará bajo la supervisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Este caso marca un punto de referencia en la historia del país, reafirmando que la justicia colombiana puede actuar con independencia, incluso frente a las figuras políticas más influyentes.

Presidente Petro rechaza injerencia de EE. UU. y respalda independencia de la justicia colombiana

 El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles sobre los comentarios emitidos por representantes del Gobierno de Estados Unidos en relación con el fallo condenatorio, en primera instancia, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario reiteró la importancia de respetar la soberanía nacional y la independencia del sistema judicial colombiano.

“Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar a los jueces de Colombia; muchos y muchas han caído asesinados por ayudar al mundo”, expresó Petro.

En el mismo sentido, la canciller encargada, Rosa Villavicencio, respondió al secretario de Estado de Estados Unidos, solicitándole abstenerse de intervenir en asuntos internos de Colombia. “Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”, señaló.

El presidente también manifestó su respaldo a la jueza Sandra Heredia, responsable de dictar el sentido de fallo, destacando que actuó conforme a derecho y con base en las pruebas presentadas por las víctimas, entre ellas el senador Iván Cepeda y los abogados del caso. Recordó el compromiso de Cepeda con la búsqueda de la verdad y mencionó que su trayectoria política está marcada por el asesinato de su padre, el exsenador Manuel Cepeda Vargas.

Petro concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía, sin distinción de posturas políticas, para acatar las decisiones judiciales: “Colombia debe ser sabia”.

Terremoto de 8,8 en Kamchatka desata alertas de tsunami en todo el Pacífico

 

30 de julio de 2025. Un poderoso terremoto de magnitud 8,8 Mw sacudió este miércoles la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, generando un tsunami y provocando evacuaciones masivas en diversos países del Pacífico. El epicentro se ubicó a 126 kilómetros al sureste de Petropavlovsk-Kamchatski, a una profundidad de entre 18 y 19 kilómetros, dentro del denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”.

El sismo, considerado el sexto más fuerte registrado en la historia moderna, activó de inmediato las alertas de tsunami en Rusia, Japón, Estados Unidos, Hawái, Canadá, Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia y Colombia. Minutos después, las autoridades rusas decretaron el estado de emergencia en los distritos costeros de Kamchatka y las islas Kuriles, ordenando la evacuación preventiva de unas 2.700 personas.

En la ciudad rusa de Severo-Kurilsk, olas de hasta cinco metros inundaron áreas portuarias, dañando muelles, viviendas y plantas de procesamiento de pescado. A pesar de la magnitud del evento, no se han reportado muertes, aunque sí algunos heridos y cuantiosos daños materiales. La eficacia de los sistemas de alerta temprana y la rápida respuesta de la población han sido clave para evitar una tragedia mayor.

En Japón, más de 1,9 millones de personas fueron evacuadas en 133 municipios. La Agencia Meteorológica informó que olas de hasta 1,3 metros golpearon zonas de Hokkaido y la prefectura de Iwate. En Fukushima se activaron protocolos especiales para la central nuclear, sin que se detectaran daños.

En Hawái, las olas alcanzaron entre 1,5 y 1,74 metros, provocando inundaciones menores en Kahului e Hilo. La costa oeste de Estados Unidos también recibió la alerta, lo que llevó a evacuaciones preventivas en California, Oregón y Washington. En América del Sur, Chile y Ecuador activaron medidas de precaución en sus zonas costeras, aunque el impacto fue mínimo.

El sismo principal fue seguido por varias réplicas, algunas de hasta magnitud 7,5, lo que mantiene en tensión a las autoridades y poblaciones cercanas. Expertos advierten que en los próximos días podrían registrarse nuevos movimientos significativos.

Este terremoto recuerda al devastador evento de 1952 en Kamchatka, de magnitud 9,0, que también generó un tsunami de gran alcance. Sin embargo, la preparación y los sistemas de monitoreo actuales han demostrado su efectividad, reduciendo el riesgo de pérdidas humanas.

Las alertas de tsunami han sido levantadas en la mayoría de los países, aunque se mantiene la vigilancia activa. El suceso deja en claro que el Pacífico sigue siendo un escenario sísmico de alto riesgo, donde la prevención y la coordinación internacional son fundamentales para salvar vidas.

En Tumaco se mantiene la alerta y se ha descartado por el momento una evacuación de las personas que tienen sus viviendas cercanas a las playas.

EDITORIAL 27 de julio de 2025 Ipiales, ciudad en crisis ante una deportación sin precedentes

La ciudad de Ipiales enfrenta una crisis institucional y humanitaria tras la deportación masiva de ciudadanos colombianos que estaban privados de la libertad en cárceles de varias ciudades del Ecuador. La medida, adoptada de forma sorpresiva y unilateral por el gobierno ecuatoriano, tomó por completo fuera de base a las autoridades colombianas, especialmente a las locales y departamentales, que no tenían previsto este escenario en sus planes de contingencia.

El pasado viernes, el alcalde de Ipiales llegó al Puente Internacional de Rumichaca al enterarse de la situación, que lo sorprendió tanto como a las demás autoridades. Aunque no tenía información previa ni claridad sobre el impacto inmediato, desde su despacho se activaron alertas y se articuló una respuesta junto a la Gobernación de Nariño.

A medida que avanzaba la jornada, en horas de la tarde, comenzaron a conocerse más detalles del operativo de deportación. En menos de 48 horas ya han sido deportados más de 600 colombianos, lo que generó alarma en todos los niveles institucionales. Las autoridades locales se vieron forzadas a activar de forma improvisada los protocolos legales colombianos para la recepción de connacionales en estas condiciones.

En la noche, muchos de los deportados quedaron en libertad al pisar suelo colombiano, una vez sus antecedentes fueron verificados. El problema se agravó porque la mayoría no portaba ningún documento de identificación, lo que generó complicaciones migratorias adicionales y afectó el control institucional.

Desde la Alcaldía de Ipiales se emitieron alertas de seguridad, salud pública y atención humanitaria, en articulación con la Gobernación de Nariño. Con apoyo de varias instituciones, se estableció un protocolo de traslado terrestre para enviar a estas personas hacia sus lugares de destino.

El rechazo del Gobierno colombiano no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la Cancillería expresó su protesta diplomática ante Ecuador y dejó en evidencia el malestar del país por este gesto inamistoso.

Hoy, en Ipiales crece el miedo y la incertidumbre. Se espera el arribo de al menos 400 deportados más, lo que podría agravar una situación ya crítica. Si estas personas permanecen en la ciudad, podrían aumentar los niveles de inseguridad, dado que muchos no tienen forma de sustento, vivienda ni redes de apoyo. Se teme que terminen engrosando las cifras de indigencia, pobreza y, en el peor de los casos, delincuencia.

Es urgente que el Gobierno Nacional asuma esta crisis con la seriedad que merece. No se trata solo de una acción diplomática, sino de garantizar los derechos humanos, la seguridad ciudadana y el orden institucional en una frontera ya marcada por el abandono histórico.

Deportación masiva desborda capacidad institucional en frontera colombo-ecuatoriana

Ipiales, Nariño.

Más de 300 colombianos privados de la libertad en Ecuador fueron deportados sorpresivamente por el Puente Internacional de Rumichaca, sin que el Gobierno Nacional fuera notificado previamente. La falta de comunicación oficial por parte del vecino país impidió una preparación adecuada y expuso la fragilidad de los protocolos de atención en emergencias humanitarias.

Ante la situación, la Gobernación de Nariño, en coordinación con la Alcaldía de Ipiales, el Gobierno Nacional y entes de control, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a las personas retornadas. Sin embargo, la respuesta inicial se vio desbordada por el volumen de deportados y la ausencia de una logística previa.

“El ingreso de estas personas se dio sin previo aviso. Hasta ahora han llegado más de 300, de las cuales al menos 10 han sido recapturadas por requerimientos judiciales en Colombia”, confirmó el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien lidera las acciones en terreno.

Desde la madrugada, entidades de salud, asistencia social y justicia intentan garantizar atención médica, alimentación y asesoría jurídica. No obstante, las condiciones en la frontera son limitadas y la respuesta depende de la articulación con organismos nacionales como Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, y el programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Algunos deportados ya fueron trasladados a ciudades como Bogotá y Cali. Mientras tanto, se realiza un censo para identificar a los nariñenses entre el grupo y activar un protocolo de acogida diferencial.

“Esta es una situación crítica que requiere mayor cooperación entre las Cancillerías de ambos países. Se deben garantizar los derechos fundamentales de los connacionales retornados”, señaló el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez.

En el PMU participan además la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Departamental de Salud, el Ejército, la Policía Nacional y la Personería municipal.

El inesperado retorno masivo plantea desafíos urgentes para el Estado colombiano en materia de derechos humanos, logística humanitaria y diplomacia transfronteriza. La falta de preparación frente a este tipo de eventos evidencia la necesidad de protocolos más sólidos y mecanismos binacionales eficaces.