Nuevo director de Prosperidad Social plantea fortalecer la asociatividad y el desarrollo comunitario

 

Álvaro Mauricio Rodríguez Amaya fue posesionado este jueves como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, entidad clave en la estrategia del Gobierno para reducir la desigualdad y avanzar hacia la justicia económica.

Rodríguez Amaya, abogado con especialización en derecho público y estudiante de maestría en sociología en la Universidad Nacional, cuenta con más de dos décadas de experiencia en procesos sociales, solidarios y de economía popular. Hasta la fecha se desempeñaba como director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo.

Durante su posesión, Rodríguez subrayó la necesidad de transformar el enfoque de la política social:

“Como lo ha pedido el presidente Gustavo Petro, Prosperidad Social debe orientarse hacia un sistema que promueva la asociatividad y el desarrollo”, afirmó.

Entre sus principales retos está la consolidación del Pilar Solidario de la reforma pensional, que busca garantizar un ingreso básico a tres millones de adultos mayores sin pensión. Además, deberá fortalecer la economía popular, ampliar la inclusión financiera y armonizar los programas del Sistema de Transferencias, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

La entidad ha comenzado a redirigir recursos hacia programas de inclusión productiva, con el objetivo de reducir la dependencia de subsidios y promover la autonomía económica de comunidades en situación de vulnerabilidad. Esto incluye entrega de insumos y activos productivos, apoyo técnico y acceso a crédito para iniciativas asociativas y de la economía social y solidaria.

Rodríguez asume el liderazgo de Prosperidad Social en un momento clave para el rediseño de las políticas públicas orientadas a la superación estructural de la pobreza en los territorios con mayores carencias del país.

Presidente cuestiona cifras sobre deuda en el sistema de salud y critica metodología de la Contraloría

 

En una alocución presidencial emitida la noche del martes, el presidente de la República cuestionó duramente las cifras presentadas por la Contraloría General de la República sobre la deuda del sistema de salud. Según el mandatario, la Ley 100 de 1994 y los gobiernos que la han respaldado han afectado gravemente el funcionamiento del sistema, en particular a hospitales y clínicas, a los que según afirmó se les ha negado al menos 100 billones de pesos.

 

El jefe de Estado señaló que las cifras publicadas por algunos medios de comunicación, basadas en el informe del ente de control fiscal, están equivocadas. "Contrario a lo que dice la Contraloría, no son 32,9 billones al 31 de diciembre de 2024. Esa cifra está mal hecha. No tienen economistas. La deuda es mayor", declaró.

Explicó que el informe contiene dos errores metodológicos fundamentales. En primer lugar, no se tuvo en cuenta la devaluación del peso durante los últimos años. “En 2020 teníamos un peso más desvalorizado, y lo mismo ocurrió en 2021, 2022, 2023 y 2024. Por tanto, hay que ajustar las cifras en pesos constantes al 31 de diciembre de 2024”, indicó.

El segundo error, según el mandatario, radica en que no se considera la deuda acumulada desde la creación del sistema en 1993, la cual se generó por la falta de pagos de los gobiernos anteriores a clínicas y hospitales. “157 EPS comenzaron a operar desde entonces, y no se ha actualizado el valor de las deudas de esa época. Estamos hablando de cifras que podrían alcanzar los 400 mil millones de pesos, o más, ajustados al valor presente”, sostuvo.

Finalmente, el presidente destacó que su administración ha reducido en 707 mil millones de pesos la deuda total que las EPS mantenían con el Estado y otros acreedores, lo que representa una disminución del 3,7 %. En ese sentido, defendió las intervenciones a las EPS y reiteró que estas deben continuar y ampliarse.

Gobierno refuerza controles en la frontera con Ecuador para proteger sectores de papa y arroz

Ante la crisis que enfrentan los productores de papa y arroz en el país, el Gobierno nacional anunció un plan de vigilancia y control en la frontera con Ecuador para enfrentar el contrabando y mitigar los efectos de la competencia desleal y la ausencia de controles sanitarios.

La estrategia contempla operativos intensivos durante 30 días, liderados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Invima, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el Ejército Nacional. Las autoridades buscan frenar el ingreso de productos agrícolas no transformados que estarían afectando los precios internos y la seguridad alimentaria.

Según el Ministerio de Agricultura, el precio de la papa ha caído significativamente en las últimas semanas, mientras que el arroz enfrenta presiones derivadas de la reducción de precios internacionales, tras el levantamiento de restricciones a la exportación por parte de India. Ante esta situación, la cartera solicitó la aplicación de salvaguardias en el marco de la Ley 101 de 1993.

Datos del Ministerio de Comercio indican que en 2024 el 94 % del arroz paddy consumido fue de origen nacional. Las importaciones desde Estados Unidos cayeron 92 % hasta abril y las compras externas totales se redujeron en un 75 %.

El ICA reportó más de 350 visitas de inspección a cultivos, así como el fortalecimiento de controles fitosanitarios en la frontera. Se han intensificado medidas para prevenir enfermedades como la punta morada y el virus de hoja blanca, que afectan directamente la producción.

El Invima presentó acciones de inspección en pasos fronterizos y en establecimientos de producción, y reiteró su disposición para coordinar esfuerzos con las entidades de control en primera barrera.

Los anuncios se realizaron en Ipiales, Nariño, durante una reunión interinstitucional en la que participaron representantes del Gobierno nacional, autoridades locales y gremios agrícolas. Las medidas buscan contener los impactos negativos del comercio irregular y garantizar condiciones más justas para los productores colombianos.

Cae mujer que intentaba ingresar marihuana a cárcel de Ipiales

 

Las autoridades frustraron el ingreso de más de 150 dosis de marihuana al centro penitenciario de Ipiales, tras capturar en flagrancia a una mujer que intentaba burlar los controles de seguridad.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con el INPEC y la Fiscalía, en el marco del plan de control territorial contra el microtráfico.

La mujer, quien ingresaba como visitante, llevaba la sustancia oculta de manera poco convencional: envuelta en cauchos de bomba y condones de látex. Según la investigación, la droga tenía como destino algunos internos del penal.

La captura fue posible gracias a labores de inteligencia y a información entregada por una fuente humana no formal. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y la detenida deberá responder ante la justicia por el intento de ingreso de sustancias ilícitas a un centro de reclusión.

Este caso evidencia los métodos cada vez más ingeniosos utilizados por redes de microtráfico, así como el compromiso institucional por reforzar los controles y garantizar entornos seguros dentro del sistema penitenciario.

Capturan en Samaniego a hombre con circular azul de Interpol

 

Samaniego, Nariño. La Policía Nacional reportó la captura de un hombre requerido por las autoridades colombianas e Interpol, sobre quien pesaba una circular azul por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La aprehensión se llevó a cabo en la terminal de transporte del municipio, durante un procedimiento de verificación. El detenido intentaba evadir los controles policiales haciéndose pasar por un pasajero común.

Según información oficial, el individuo tendría vínculos con estructuras criminales, presuntamente del ELN, y antecedentes judiciales por homicidio agravado, hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, entre otros delitos.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Incautan más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Ipiales, Nariño

 

Ipiales, Nariño. En el marco de operaciones militares desarrolladas en el corregimiento de Yaramal, jurisdicción del municipio de Ipiales, el Ejército Nacional reportó la incautación de aproximadamente 107 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, equipos de comunicación y un vehículo.

La operación fue adelantada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 3, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Según información de inteligencia militar, los uniformados establecieron un puesto de control tras conocer sobre el posible traslado de estupefacientes en un automotor.

Durante la inspección en la zona, se detectó un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar tras notar la presencia de tropas. En el registro del automotor, las autoridades hallaron 97 paquetes con una sustancia que, tras ser sometida a prueba de identificación preliminar homologada (PIPH), dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Además del alcaloide, fueron incautados 5 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos móviles y el vehículo utilizado para el transporte del material.

Aunque las autoridades señalaron que la droga pertenecería presuntamente al grupo armado residual autodenominado Comandos de Frontera, dicha información está en proceso de verificación judicial.

Se estima que el cargamento tendría un valor aproximado de 640 millones de pesos en el mercado local, y podría alcanzar los 4 millones de dólares en el comercio ilegal internacional, según cálculos preliminares.

Todo el material fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. El Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones contra las estructuras del narcotráfico en el departamento de Nariño.

Inician en seis territorios planes comunitarios de armonización entre pueblos étnicos y firmantes del Acuerdo de Paz

 

Con la participación de cerca de 500 personas, entre firmantes del Acuerdo Final de Paz, autoridades étnicas y miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas, se dio inicio a la construcción de los Planes Comunitarios de Armonización en seis municipios del país.

Las actividades se desarrollan en Jambaló (Cauca), Tallambí (Nariño), Tumaco (Nariño), Vigía del Fuerte (Antioquia), Carmen del Darién y Riosucio (Chocó), como parte de los Programas Especiales de Armonización (PEA), una estrategia que busca articular los procesos de reincorporación de excombatientes con las dinámicas culturales, sociales y normativas de los territorios étnicos.

El proceso, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en coordinación con los Consejos Comunitarios y autoridades locales, tiene como base el diálogo comunitario, la participación activa y el respeto por las prácticas ancestrales. El objetivo es avanzar en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El Gobierno Nacional destinó $1.894 millones de pesos para apoyar la formulación de estos planes, que se construirán mediante asambleas locales, consultas previas y actividades de planeación colectiva.

En Tumaco, el Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros, junto con más de 50 firmantes de paz, desarrolló la primera asamblea territorial del proceso. Entre los temas tratados se incluyeron la conservación de la cultura, la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento ambiental. En este último aspecto, se acordó la puesta en marcha de talleres con enfoque ancestral y jornadas de reforestación en áreas degradadas.

Este proceso participativo se extenderá hasta diciembre y busca generar condiciones de reconciliación, sostenibilidad ambiental y cohesión social en los territorios, en línea con los compromisos del Acuerdo Final de Paz.